La solicitud de los dos grupos llega tras el rechazo de la Mesa del Congreso para que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, compareciera en comisión para informar sobre el papel del imán como confidente del CNI, "reconocida por el propio servicio de inteligencia español". Subrayan, además, que sigue pendiente la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, aunque su comparecencia ha sido fijada para el próximo 6 de marzo.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, considera “innegociable” que se aclaren públicamente todas las sombras que rodean el caso del imán de Ripoll. “Su historia y su reconocida complicidad con los servicios secretos del Estado es una indecencia que no puede aceptar ningún sistema democrático”, concluye.

Por su parte, el coordinador de diputados y senadores del PDeCAT, Jordi Xuclà, sostiene que "en una democracia madura y de alta exigencia de rendición de cuentas sería inimaginable que el Parlamento no hubiera recibido ni un dato de un sangriento atentado terrorista acaecido hace más de seis meses". "Ha sido el propio Gobierno que reconoció en noviembre vínculos en el pasado entre el cerebro del atentado y el CNI. Esperamos poner luz con esta comisión. Y no vemos ninguna razón por la que ningún partido se pueda oponer a la misma".

Los proponentes sugieren que la comisión tenga tres representantes de los grupos con más de cien diputados, dos los que tienen entre ocho y cien parlamentarios, y uno cada grupo restante. Como objeto tendría "conocer al detalle la relación" de Abdelbaki Es Satti con el CNI, su retribución (si la hubo), la duración y objeto de la misma. También pretende esclarecer "la correlación de fallos en la cadena de comunicación y coordinación" entre fuerzas policiales en relación a la figura del imán de Ripoll, y analizar las actuaciones del Ministerio del Interior y las medidas de control que se aplicaban a Abdelbaki Es Satti "sabiendo que formaba parte o tenía relación con movimientos del yihadismo".

La comisión también debería proponer las medidas oportunas de prevención y control de los confidentes de la policía y establecer cuáles fueron las responsabilidades políticas y de cualquier otra índole para con los atentados.

Proponen un plazo de tres meses de trabajos desde su constitución, con cinco comparecientes como máximo por cada grupo y con conclusiones en todo caso antes del final de la legislatura.