En esta iniciativa se plasman los puntos clave del Pacto de Estado por la Dependencia que suscribieron por todos los grupos parlamentarios, excepto PP y PNV, en el décimo aniversario de la ley. “Queremos reactivar una financiación adecuada al sistema de la Dependencia, que prácticamente ha estado abocado a su fracaso durante estos años de recortes del PP. Instamos al Gobierno a dedicar una financiación adecuada el sistema de la Dependencia haya o no Presupuestos”, señaló Elvira Ramón. “Para nosotros es una prioridad dentro de la agenda política”, agregó.

La portavoz socialista denunció que el Gobierno del PP “eliminó el sistema concertado, ha reducido el nivel mínimo a mínimos históricos, y hay miles y miles de personas en el limbo de la Dependencia, personas que tienen reconocido el derecho pero no tienen acceso a ningún tipo de prestación”.

Por esto, añadió que “instamos al Gobierno a que pacte y acuerde con las CCAA la financiación del sistema de Dependencia, puesto que actualmente las CCAA están financiando más del 80% y el Estado apenas el 20%”. Además, reclamó “transparencia en la aplicación de la ley” y culminar el cambio de jurisdicción para que las reclamaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia pasen a tramitarse en el ámbito de lo social.

Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y la Coordinadora Estatal de Plataformas de la Dependencia, el recorte acumulado durante estos años de Gobierno del PP asciende a más de 4.000 millones, con lo cual, para revertirlo sería necesario dedicar cada año 500 millones en los PGE.

En la proposición no de ley, los socialistas exigen al Gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de Promoción y Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, “ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados”.

Para ello, el Grupo Socialista reclama que se “reviertan los recortes” y que se habiliten, de forma inmediata, “los créditos necesarios para incrementar en un 13% la financiación del Nivel Mínimo Garantizado”, que se “recupere el nivel concertado, al menos hasta alcanzar los niveles que existían en 2011”, y que se aborde “la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado”.

Además, propone “impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las CCAA para acabar con la desatención antes de dos años, con los compromisos de financiación necesarios para lograrlo”, e “iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiaera para establecer un modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la Lofca, en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas”.