Rovira, que declaró por espacio de dos horas en el Supremo, relató que en una reunión que se celebró a las 13.00 horas de la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre propuso suspender las votaciones a la vista de las cargas policiales sucedidas durante la mañana. Su propuesta no encontró ningún apoyo y el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó la idea con el argumento de que la suspensión sería “peor”.

Según relató durante su declaración como investigada en la causa que se instruye por la declaración unilateral de independencia y por el 1-O, en esa reunión estuvieron presentes representantes de JxSí, ERC, la CUP y el Gobierno catalán.

Rovira salió de la sede del Supremo e hizo unas breves declaraciones a los medios de comunicación que la esperaban en la puerta, mientras recibía la ovación de varias decenas de personas que la esperaban en la calle. Según dijo, defendió ante el juez el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su futuro dentro de un “Estado democrático y de derecho”.

El juez Llarena acordó la libertad bajo fianza de 60.000 euros para la 'número dos' de ERC por apreciar riesgo de reiteración delictiva, aunque no ve riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas. El magistrado comunicó verbalmente su decisión a la investigada y mañana dará a conocer el auto con su argumentación y estableciendo el plazo para el pago de la fianza.

En respuesta a preguntas del magistrado, la dirigente republicana afirmó que “la declaración de independencia era una manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar un periodo electoral posterior”.

Preguntada por el contenido de los informes de la Guardia Civil que recogen llamadas entre Rovira y el responsable de los colegios electorales, la responsable de ERC dijo que recabó un listado de locales donde se podrían efectuar las votaciones, que fue trasladado a otra persona, que no identificó, en su calidad de coordinadora política.

Lo que sí declaró es que en ningún momento tuvo capacidad de gestión sobre el dispositivo para el referéndum, ni tomó decisiones. “Soy un cargo político, tengo tareas políticas pero no tuve nada que ver con la organización del referéndum”, comentó. En ese sentido, indicó que no fue ponente ni portavoz ni las leyes de transitoriedad aprobadas en el Parlament, ni de la DUI, de la que dijo que tuvo un valor meramente “político”.

En relación a sus visitas a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont y los exconsellers huidos, admitió haberse desplazado en varias ocasiones como secretaria general de ERC para ver las posibilidades de “desbloquear la constitución del Parlament” catalán una vez celebradas las elecciones de diciembre.

En relación a la agendas incautada al número dos de Oriol Junqueras en la Conselleria de Economía, insistió en que lo allí anotado no deja ser una apreciación subjetiva, centrada en la “percepción” de Josep Maria Jové sobre las reuniones. En relación a los planes para la independencia, dijo que “todo el mundo ha hecho documentos de escenarios políticos, se han hecho muchos”.

La Fiscalía, representada por Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, pidió libertad bajo fianza para Marta Rovira, tras escuchar su declaración. La Abogacía del Estado se adhirió a la petición del ministerio público.

La acusación popular ejercida por el partido conservador VOX pidió al juez que decretara prisión incondicional para la 'número dos' de ERC, por considerar que hay riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva.

Para el juez, no hay riesgo de sustracción a la justicia, ya que la investigada ha comparecido a la llamada del juez, y el argumento de la posible destrucción de pruebas es “extemporáneo”, porque una vez imputada, nadie ha advertido de que haya algún riesgo en ese sentido. Llarena sólo ve posibilidad de reiteración en el delito.

Hasta ahora, el juez mantiene en prisión incondicional al líder de ERC, Oriol Junqueras; a los presidentes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y al exconseller de Interior Joaquim Forn.

A la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, le permitió salir de prisión previo pago de una fianza de 150.000 euros. A los restantes miembros de la Mesa del Parlament que están siendo investigados en esta causa le impuso una fianza de 25.000 euros y a los seis exconsellers que ya están en libertad les impuso una fianza de 50.000 euros.

Marta Rovira admitió ante el juez que intentó acudir “a todas las reuniones a las que le convocó Carles Puigdemont” y que conocía la hoja de ruta independentista que firmó en nombre de Esquerra en 2015.

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del `procés´ también tomará declaración esta semana al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exportavoz de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y a la presidenta de la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia), Neus Lloveras, en relación con su presunta participación en el comité estratégico que diseñó la hoja de ruta para el referéndum ilegal y para la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

CAJA DE SOLIDARIDAD

La ANC ha anunciado este lunes que asumirá el pago de la fianza de 60.000 euros. Fuentes de la entidad explicaron que la harán efectiva entre el miércoles y jueves, cuando acabe la ronda de comparecencias ante este tribunal que tienen que hacer esta semana varios líderes soberanistas.

Los fondos saldrán de la caja de solidaridad que en su día impulsó la ANC, que se nutre de donaciones ciudadanas y que se emplea para las fianzas que decretan los tribunales por causas relacionadas con el proceso soberanista.

La ANC ya asumió en su día el pago de las fianzas de los consellers cesados que fueron encarcelados, de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana.