Así lo anunció este viernes la secretaria de Política Municipal de la formación y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, después de reunirse con el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Hita, un encuentro en el que aseguró haber encontrado respaldo a las propuestas, pues los alcaldes sienten que no tienen las herramientas necesarias para hacer frente a estos casos.

Villacís señaló que el problema de la ocupación se está extendiendo fuera de las grandes ciudades, que cada vez es más grave y los vecinos exigen que su ayuntamiento haga algo, y encontró una posibilidad en los casos en los que la ocupación está “generando problemas de convivencia”, y los gobiernos locales tienen competencia para tomar medidas si se incumplen las ordenanzas correspondientes en materia de ruido, habitabilidad o seguridad. Esto limitaría en principio la acción municipal a los 'narcopisos' o pisos ocupados por mafias, sin poder intervenir en otros tipos de ocupaciones, pero en aquéllos, según Villacís, “el Ayuntamiento puede tener un papel mucho más activo”.

Por otro lado, Ciudadanos propone en el Congreso, donde ya presentó una proposición no de ley que ahora será con poder legislativo, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local y la de Propiedad Horizontal, para que los vecinos, y no solamente los propietarios, que a veces son fondos de inversión extranjeros a quienes no importa la situación, puedan ceder a los ayuntamientos la competencia de emprender las denuncias judiciales buscando las sentencias que decreten el desalojo de los pisos ocupados. En el citado caso de los fondos de inversión, se les podría imputar los gastos judiciales.

Asimismo, y como complemento, en los plenos municipales (en el de Madrid será en el de finales de este mes) Cs propondrá la creación de “oficinas interdistritales” donde los vecinos puedan denunciar de forma segura las ocupaciones. Estas oficinas se harían a partir de ahí cargo de la situación e iniciarían los procedimientos administrativos alegando el incumplimiento de las ordenanzas de convivencia vecinal. Igualmente, se crearía en las policías municipales una unidad de seguimiento específico de la situación para concretar el contenido del expediente.

Con todo ello, explicó Villacís, se pretende agilizar los procedimientos judiciales, que son los que en último término pueden ordenar la desocupación de las viviendas.