La oficina que dirige Zeid indicó en un comunicado que dos hombres y una mujer fueron ejecutados el pasado mes de enero por delitos que cometieron cuando tenían 15 o 16 años, cuando cinco personas perdieron la vida de esa manera en todo 2017.

Indicó que un cuarto delincuente juvenil, que se cree que estaba a punto de ser ejecutado este miércoles, recibió un indulto temporal de dos meses y que se sospecha que otros corren el riesgo de ser ejecutados inminentemente en Irán. Según algunos informes, un total de 80 personas están actualmente en el corredor de la muerte tras ser condenadas a muerte por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.

"La ejecución de menores delincuentes está inequívocamente prohibida por el derecho internacional, independientemente de las circunstancias y la naturaleza del delito cometido", dijo Zeid, quien añadió que la imposición de la pena de muerte a personas que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años es “una clara violación de las obligaciones de Irán en virtud de dos tratados internacionales que ha ratificado y está obligado a respetar: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención sobre los Derechos del Niño".

"Lamento decir que Irán viola esta prohibición absoluta en virtud del derecho internacional de los derechos humanos mucho más a menudo que cualquier otro Estado. Ningún otro Estado llega ni remotamente cerca del número total de menores que han sido ejecutados en Irán en las últimas dos décadas", apostilló.

El jefe de derechos humanos de la ONU señaló que Irán atribuye responsabilidad penal a niñas de sólo nueve años, mientras que los niños no son considerados responsables penalmente hasta que cumplen 15 años, por lo que consideró “totalmente injustificable en todos los niveles” tal discrepancia de género e “ilegal e inaceptable” la aplicación de la pena de muerte a cualquier menor de 18 años.

Zeid recalcó que se han producido algunas mejoras parciales en relación con otros aspectos de la aplicación de la pena de muerte en Irán, en particular un proyecto de ley que modificaba la ley de tráfico de drogas que fue aprobado por el Consejo de Guardianes en octubre de 2017.

En consecuencia, algunos delitos relacionados con drogas que anteriormente se castigaban con la pena de muerte ahora están sujetos a una pena de prisión, aunque la pena de muerte obligatoria se mantiene para una amplia gama de delitos relacionados con las drogas.