Con dos proposiones de ley para su discusión en la Comisión de Sanidad y en la de Interior, el PSOE busca el respaldo del resto de formaciones para instar al Gobierno a abrir “de manera inmediata una negociación” por parte Interior con las comunidades, con el objeto de “acordar las condiciones de la financiación” por parte de Instituciones Penitenciarias de la atención sanitaria prestada por los Servicios Autonómicos de Salud a la población reclusa.

Asimismo, reiteran el “llamamiento” al Gobierno para producir “cuanto antes” la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, “garantizando la transferencia a las CCAA de la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios".

En las iniciativas, a las que ha tenido acceso Servimedia, el PSOE denuncia que Interior lleva cinco años “sin pagar” la atención médica de los presos. Aseguran en el texto firmado por los diputados socialistas David Serrada, Miguel Ángel Heredia y Jesús María Fernández que desde finales de 2012 las cárceles devuelven las facturas de las urgencias, las hospitalizaciones, los diagnósticos y las consultas y la atención especializada que emiten las comunidades autónomas, cuyo coste supera los 110 millones de euros en el conjunto del país”.

Los socialistas aseguran que los centros penitenciarios comenzaron en el tercer trimestre de 2012 a devolver las facturas por esos servicios que emiten las comunidades autónomas, que en la práctica se ocupan del grueso de la atención sanitaria especializada a la población privada de libertad, cuya competencia corresponde, según el propio Reglamento Penitenciario, al Ministerio de Interior, el cual sólo asume la atención primaria de salud prestada dentro de las prisiones.

Afirman que esta medida está relacionada con “los recortes en materia sanitaria que el Ejecutivo de Rajoy llevó a cabo nada más llegar a La Moncloa y afecta a todas las comunidades autónomas con la excepción de Cataluña y Euskadi”. La primera, dicen, por tener traspasada las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles. “Esta situación se mantiene desde hace más de cinco años y aún hoy con el ministro Juan Ignacio Zoido”, destacan.

En este contexto, el PSOE asegura que “la solución definitiva es el traspaso de esta competencia, junto con la correspondiente financiación del coste real de una asistencia sanitaria integral, a las CCAA, tal como estableció la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud”.