Según informaron fuentes del Ejecutivo madrileño, la querella se refiere a las declaraciones que Granados realizó este lunes tras declarar voluntariamente en el ‘caso Púnica’ sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño.

A este respecto, el exconsejero señaló que Cifuentes era "las manos, los oídos y la voz ejecutiva” en el PP madrileño de Ignacio González. Por este motivo, Granados señaló que la actual presidenta autonómica debía conocer las supuesta ‘caja B’ de los populares madrileños, con la que dijo se financiaban las “campañas de refuerzo” en las elecciones.

La querella de Cifuentes ha sido interpuesta y suscrita por un procurador y un letrado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

“ATAQUE DE CARÁCTER PERSONAL”

La presidenta madrileña esgrime en su denuncia que el exconsejero madrileño ha vulnerado los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, exigiéndose responsabilidades tanto en el ámbito civil como penal.

El escrito de querella sostiene que se ha producido, no es tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa por parte de Granados, sino un “espurio uso de la palabra” para descalificar y dañar el “buen nombre, honor e imagen” de Cifuentes, lo cual es “plenamente encuadrable” en el término jurídico de la injuria.

Las manifestaciones de Granados, según señala la querella, responden también al tipo penal de la calumnia, “al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad”.

A todo ello se sumaría el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones “un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita” contra la presidenta madrileña.