A través de un comunicado difundido este jueves, Mediapro rechazó que la Benemérita, en el informe que ha entregado en el Tribunal Supremo, señale a Roures por realizar un documental sobre el 1-O y por montar el centro de prensa del día de la consulta ilegal.

Sobre el documental, la productora criticó que este trabajo sea presentado por el Instituto Armado como “prueba” de que Roures y su empresa participaron “en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña”.

Para Mediapro, esta acusación es “extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento que la producción de un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva”.

“Dichas libertades, contempladas en la Constitución”, añade el comunicado, “amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron ‘1-O’, atendiendo al evidente interés informativo de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017 y que fueron cubiertos informativamente por medios de todo el mundo”.

“INTENTO DE ACALLAR VOCES”

Al mismo tiempo, la productora reivindicó “la profesionalidad del equipo que realizó y produjo el documental, así como el contenido del mismo que reflejaba unos hechos y daba voz a las personas que se vieron implicados en ellos”.

Según Mediapro, “criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar estas voces. '1-O', estrenado en TV3 el 9 de enero, registró un récord histórico de audiencia con más de 1.100.000 espectadores y una cuota de pantalla del 34,4%. El documental fue emitido también por ETB”.

Por último, la productora de Roures tampoco entiende “que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones a todas las partes implicadas”.

La nota añade al respecto que “un repaso de la lista de comparecientes evidencia que no se trataba de un centro de prensa del Gobierno de la Generalitat, ya que sólo la mitad de las comparecencias fueron de miembros del Ejecutivo catalán”. También se apunta que este centro acreditó más de 400 periodistas de 150 medios de hasta 33 países de todo el mundo.