Así lo informa USCA, que considera “muy importante que la Justicia haya dictaminado por segunda vez a favor de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga de los controladores aéreos”.

La Audiencia Nacional ya estimó en 2016 las demandas interpuestas por USCA en las que solicitaba la impugnación del Decreto de Servicios Mínimos fijados durante la huelga convocada para los días 8, 10, 12 y 14 de junio de 2015, así como para los paros que tuvieron lugar los días 11, 12, 15 y 26 de julio de 2015.

Según la propia sentencia, "la Autoridad gubernativa debe garantizar que la limitación que por esta vía (los servicios mínimos) se impone al derecho fundamental a la huelga es únicamente la necesaria y proporcionada para el objetivo indicado por la Constitución". Asimismo, dicha Autoridad debe "precisar los criterios que han sido utilizados para llegar al concreto resultado plasmado en los servicios mínimos".

En su recurso, USCA había solicitado la impugnación del Decreto de Servicios Mínimos "ante la falta de motivación de las medidas impuestas" y por la "vulneración de la exigencia de proporcionalidad de las medidas adoptadas y desproporcionalidad cuantitativa absoluta entre el número de trabajadores en huelga y los sometidos a servicios mínimos”.

El sindicato alegó que en algunos centros de trabajo y varios de los días afectados por las huelgas, el 100% del total de la plantilla programada estaba asignada a servicios mínimos.

USCA convocó nueve jornadas de paros parciales durante los meses de junio, julio y septiembre de 2015, para demandar la retirada de las 61 sanciones impuestas en el centro de control de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010 y la readmisión de un controlador despedido en Santiago por los mismos hechos.