Sáchez Melgar explicó que cuando el ministerio pública solicito la reactivación de la euroorden la acotó a los delitos de rebelión y sedición con el objetivo de que poder juzgarle por todos los tipos delictivos asociados en la legislación española.

Entiende el fiscal del Estado que si la extradición se concede por alguno de esos dos delitos, la justicia española podría después imputarle los delitos conexos de prevaricación o desobediencia, puesto que no se puede incurrir en delito de rebelión o sedición sin desobedecer o incurrir en la toma de decisiones a sabiendas de su ilicitud.

Sánchez Melgar aseguró en su primera comparecencia pública tras su toma de posesión en diciembre pasado que la actuación del ministerio público no será “oportunista ni política” en lo tocante a la investigación sobre rebelión que se está instruyendo en el Tribunal Supremo.

Hizo estas manifestaciones en el curso de un desayuno organizado por Europa Press al que asistieron el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y la plana mayor de magistrados, jueces y fiscales.

“El ministerio fiscal no es una entidad política”, dijo el nuevo fiscal antes de advertir que cuando se incurra en alguna conducta con trascendencia penal relacionada con el `procés´ “nunca seremos oportunistas ni políticos”. Según explicó, la legalidad es para la Fiscalía “límite, principio y fin” tal y como ha quedado patente con su actuación en defensa del Estado constitucional. Sánchez Melgar hizo hincapié en la autonomía del ministerio público e insistió en la necesidad de que el fiscal general del Estado no puede recibir órdenes ni instrucciones de ninguna otra instancia”, de modo que su “autonomía e imparcialidad” aumenten su prestigio.

En relación con la investigación sobre la declaración unilateral de independencia, el fiscal general insistió en que todos aquellos que hayan incurrido en algún delito “se encontrarán con una respuesta serena, firme, proporcionada e inmune a cualquier tipo de presión”.

Preguntado por los plazos de la investigación del `procés´ aseguró que es “factible” pensar en que la fase de instrucción en el Supremo esté concluida antes del verano y que el juicio pueda celebrarse en otoño próximo, de manera que la sentencia pueda estar lista a final de 2018. Lo que no aclaró el fiscal general fueron los delitos por los que acusará a los investigados. El ministerio público esperará a que concluya la instrucción para decidir si imputa delito de rebelión o de sedición. “Con todo el material de instrucción valoraremos de qué delito estamos hablando”, remachó.

Sobre el cambio de estrategia de los nuevos citados a declarar en el Supremo, que se materializó este miércoles con la declaración de la expresidenta del Grupo Parlamentario de la CUP Mireia Boya, quien reconoció que la DUI no fue “simbólica”, Sánchez Melgar dijo que la Fiscalía debe “actuar con la prudencia propia de los momentos en que se están produciendo las cosas”. “Estamos valorando continuamente los atestados, las declaraciones… Y no puedo decir que (ese cambio) tenga una trascendencia inmediata en el proceso”.

En cuanto a la afirmación de la Guardia Civil en uno de sus informes que indica que los independentistas usaron “tácticas propias de la delincuencia organizada”, el fiscal dijo que cualquiera de los delitos cuya comisión se está estudiando en el Supremo tienen carácter “pluripersonal” e implican a varias personas que “actúan para un mismo fin”, aunque no refrendó la afirmación del citado informe.