Así lo dijo este jueves el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, durante la jornada sobre el Día Internacional del Síndrome de Asperger celebrada este jueves en Torre ILUNION de Madrid, en el marco de esa efeméride que se conmemora el 18 de febrero. El evento ha estado organizado por la Confederación Autismo España, la Confederación Asperger España y la Confederación Española de Autismo (Fespau).

En declaraciones a la prensa, Garcés explicó que el plan “va a ser la concreción material de la Estrategia de Autismo que se aprobó hace cuatro años en sede parlamentaria fruto del esfuerzo de todas las formaciones políticas” y que “la principal novedad” es el citado Consejo Territorial.

“Este plan implica la actuación de muchas administraciones territoriales, además de la Administración del Estado, y necesitamos contar con su apoyo y su consideración para poder ejecutar el conjunto de las medidas”, agregó.

Durante su intervención en las jornadas, el secretario de Estado invitó a las comunidades autónomas a “contar con el apoyo” y el “visto bueno” para aprobarlo “definitivamente”. Por ello, añadió, que “es lógico que con el plan de acción todas las personas a las que se asigna e imputa responsabilidades administrativas que tenga coste presupuestario las asuman directamente”. En este sentido, añadió, el plan de acción las “corresponsabiliza, porque es competencia suya esta materia”.

AÑO IMPORTANTE

Garcés también subrayó que este año va a ser “muy importante” porque la OMS revisará en mayo un código que supondrá un “cambio cualitativo” en la atención del Asperger, pues dejará de considerarse una enfermedad mental.

También destacó que estamos en “años buenos” desde el punto de vista de la discapacidad, pues el año pasado se aprobaron 12 leyes, dos de ellas ligadas “directamente” al ámbito de la discapacidad, como fueron la modificación de la Ley del Jurado y la modificación del Código Civil sobre consentimiento para el matrimonio.

También dijo que la Ley de contratos del Sector Públicos incluirá cláusulas sociales en la contratación pública que se tendrán que cumplir “sí o sí”, y que, en trámite parlamentario se encuentra la ley que regula el sistema de información de las empresas mercantiles, “que van a tener que dar información” sobre cuestiones como discapacidad e igualdad. “Es muy importante que las empresas se retraten, y vean cómo están haciendo políticas ligadas a la discapacidad”, añadió, confiado en que las enmiendas mejoren esta normativa.

Finalmente, Garcés subrayó que en los primeros nueve meses de 2017 un total de 258.000 personas con discapacidad obtuvieron empleo, logro que se ha producido “gracias al Tercer Sector, la ONCE y otras empresas comprometidas”.