Según informó Justicia, esto será posible gracias al convenio firmado por la secretaria de Estado de este ministerio, Carmen Sánchez-Cortés, y el secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo. El acuerdo permitirá reforzar el ejercicio de las competencias de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) respecto de los buques, empresas y productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura procedentes de actividades delictivas cuando le hayan sido encomendados judicialmente.

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por un periodo adicional de otros cuatro, contempla la transmisión a la ORGA por parte de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, de la información disponible en el censo de buques de pesca marítima, registro de buques pesqueros y Registro Oficial de Empresas Pesqueras en Países Terceros.

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La colaboración entre ambos ministerios ya viene siendo efectiva desde 2016 mediante el asesoramiento por parte de la Secretaría General de Pesca en torno a asuntos como la venta de barcos y pesca decomisada.

La ORGA se encuentra regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como un órgano administrativo con funciones de localización, recuperación, conservación y administración de efectos procedentes de actividades delictivas, según lo previsto en la legislación penal y procesal.

La actuación de la ORGA responde a la encomienda de jueces o tribunales competentes, pudiendo actuar también de oficio. Asimismo, la localización de activos puede ser llevada a cabo a instancia de la Fiscalía en el ejercicio de sus competencias durante la investigación, dentro de la cooperación jurídica internacional, al procedimiento de decomiso autónomo o en alguna otra de las actuaciones tasadas en las leyes penales o procesales.