Méndez afirmó que “nos estamos jugando la atención social, sanitaria, educativa y asistencial de más de 800.000 personas en la Comunidad de Madrid”, y agregó que “esto no se soluciona en reuniones de 30 minutos con cuatro plataformas”.

Asimismo, pidió al Gobierno regional “un foro abierto con todas las estructuras sociales, donde las plataformas y redes estemos en pie de igualdad y podamos aportar con tiempo y capacidad suficiente cómo necesitamos que sea esta convocatoria donde nos jugamos tanto”.

A su juicio, la Administración regional “no ha cumplido la Ley General de Subvenciones ni la ley de procedimiento".

Daniel Méndez afirmó que la Consejería de Políticas Sociales y Familia “dice que financiará todos los proyectos pero no parece que vaya a ser así, puesto que por un lado dice que sí y por otro pone en el Portal de Transparencia que solo financia a los que hayan recibido una puntuación determinada y se hayan quedado sin crédito”.

ESPACIO PARA PRIVATIZAR

Tras manifestar que “tampoco sabemos cuánto dinero debería ser este año”, destacó que “nos preocupa que ahora sea posible encontrar casi 4,3 millones de euros para proyectos de continuidad, que es aproximadamente el grado de desviación entre convocatorias”.

Igualmente, consideró que la Comunidad de Madrid utiliza al Tercer Sector como "espacio para privatizar, tirando siempre por lo bajo, los servicios que costarían miles de euros, servicios por cierto que paga con hasta seis y ocho meses de retraso como han denunciado algunas entidades recientemente".

Tuvo una mención específica para las entidades de alzhéimer, dijo que entre las 14 que hay en la Comunidad de Madrid gestionaban más de 360.000 euros y explicó que en la convocatoria se les ha dado apenas 35.000 repartidos entre dos entidades.

“Se han cometido graves irregularidades”, dijo Daniel Méndez, quien solicitó a los grupos parlamentarios que “investiguen muy seriamente quiénes y por orden de quién fueron contratados en Tragsa”, entidad pública a la que encargaron la evaluación de los proyectos.

A su juicio, “no ha habido ni unidad ni igualdad en el trato, no ha habido garantías y por eso algunas entidades hemos optado por acudir a lo contencioso administrativo”.