Así lo reveló Eduardo Díaz Velázquez, sociólogo y director del Centro Español de Documentación sobre la Discapacidad (CEDD) del Real Patronato sobre Discapacidad, durante la presentación de su obra ‘El acceso a la condición de ciudadanía de las personas con discapacidad en España–Un estudio sobre la desigualdad por razón de discapacidad’.

La presentación tuvo lugar durante la ‘I Conferencia territorios 2018’, celebrada en la sede del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), y en la que se abordaron, con la participación de los Cermis Autonómicos, algunos de los retos a los que se enfrenta el sector de la discapacidad durante los próximos meses y años. La jornada fue conducida por Teresa Palahí, comisionada de Cermis Autonómicos.

Eduardo Díaz comentó que “existen todavía situaciones que dificultan el pleno ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad y sus familias, como se pone de relieve con la falta de un único modelo de educación inclusiva; que las personas con discapacidad accedan todavía en menor medida que el resto de la ciudadanía a los niveles educativos superiores; una mayor tasa de paro, o una mayor precariedad laboral, incluida una importante brecha salarial”.

Esta investigación se ha publicado en la ‘Colección cermi.es’ por recomendación del Jurado del ’VI Premio Derechos Humanos y Discapacidad’ (2017) convocado por el Cermi.

El estudio explica que pese a que la normativa ha evolucionado desde una concepción de la discapacidad característica del modelo médico hacia una propia del modelo social, no se han desarrollado suficientemente los mecanismos que garanticen la condición de ciudadanía en igualdad, existiendo aún preceptos contrarios a los principios de equidad e inclusión.

“Esa desigualdad está en parte condicionada por las representaciones que en el imaginario social se tienen de la discapacidad, como una supuesta condición de inferioridad. Estas representaciones impregnan tanto las relaciones como las estructuras sociales y las políticas públicas y se incorporan a la experiencia vital de los individuos, definiendo su identidad y sus trayectorias, lo que determina la posición desigual de las personas con discapacidad en la estructura social. Esto, a su vez, está influenciado por la clase y la posición social, el género, el tipo de discapacidad o el momento en que esta se produce”, explica el Cermi.

ATENCIÓN TEMPRANA

Previamente, se celebró el panel ‘La atención temprana como derecho subjetivo de la infancia–Estrategias de incidencia política desde los Cermis Autonómicos’, que corrió a cargo de Agustín Matía, presidente del Grupo de Trabajo de Atención Temprana del Cermi Estatal, y de Víctor Bayarri, consultor social colaborador de la entidad. En este apartado, se realizó una panorámica general sobre la situación de la atención temprana y sobre los retos de futuro.

Así, ambos pusieron de relieve la importancia de este documento, “pero al mismo tiempo es una mala noticia que haya reivindicaciones exactamente igual que en 2005, lo que significa que no se ha avanzado lo suficiente”, según apuntó Víctor Bayarri, que advirtió de que existe un déficit de legislación en este sentido por parte del Estado, “independientemente de que luego la gestión pueda ser competencia de las comunidades autónomas”.

Víctor Bayarri señaló también que hay falta de planificación y de financiación, aunque matizó que “el caso de España no es único, ya que en la mayoría de países la infancia con discapacidad está muy olvidada”.

Por otro lado, Elena Ortega, coordinadora del Grupo de Trabajo de Asistencia Personal y Vida Independiente del Cermi Estatal, impartió la ponencia ‘La asistencia personal en los territorios: orientaciones para su mejor despliegue’, en la que se recordó la necesidad de no apostar únicamente por la atención a la dependencia, sino también por brindar los apoyos necesarios para la autonomía personal.