La iniciativa busca modificar el artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de forma que el conocimiento de la lengua cooficial "solo podrá ser considerado como un mérito a valorar, en el contexto de la realidad social de su efectivo desempeño, de manera proporcionada a su necesidad y adecuación en atención al tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar".

Se trata de introducir en esa Ley una "cláusula antidiscriminación" para que que ese conocimiento no sea una "barrera" general al acceso a cualquier puesto público sino que sea un mérito de peso variable en función de la necesidad de cada territorio y de las características concretas de cada puesto de trabajo. No es lo mismo un funcionario que atiende al público, explican, que alguien que trabaja en un archivo o un cirujano.

Con ello, añaden, se desarrolla el precepto constitucional que consagra para todos los españoles el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Se reconoce así la pluralidad lingüística y el cuidado y promoción de las lenguas cooficiales pero también la existencia de una única lengua común de obligado conocimiento, de forma que la legislación básica estatal impida a las normas autonómicas generar esa "barrera".

Al anunciar la iniciativa, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, precisó que la fecha para el debate y votación dependerá del cupo de Ciudadanos en los próximos meses y una vez registrada la formación comenzará la negociación con los demás grupos parlamentarios para que la propuesta pueda ser tramitada.