El magistrado ha citado también a otros 13 altos cargos de la caja entre los días 20 y 23 para interrogarles sobre una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre los años 2000 y 2013 que gestionó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).

Entre los citados a declarar está el que fuera vicepresidente de Catalunya Caixa, Antonio Llardén, que está citado para el día 22, junto con Joan Manuel Pla, Josep Alonso Roca y Joan Echániz. Este martes, junto a Serra y Todó, está citado José María Loza. El miércoles comparecerán Lluis Gasull, Eduardo Aznar, Joan Vals y Joan Güel. Finalmente, el viernes 23 el juez tomará declaración a Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep Maria Alentorn.

La entidad desarrolló una intensiva y creciente actividad inversora entre 2000 y 2007 en proyectos que, finalmente, no se pudieron realizar. El ministerio público cita como posibles irregularidades la compra de terrenos no urbanizables en España, Polonia y Portugal, despreciando los riesgos que ello podría suponer.

“En la mayoría de los casos”, dice la Fiscalía, “el aval y la fiabilidad” de los proyectos únicamente se basaba en “las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones” sin que hubiera “previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar exhaustivos aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados”.

El FROB presentó una denuncia y la entidad acabó siendo nacionalizada en 2011 por el presunto perjuicio que estas decisiones causaron, dejando un agujero de más de 720 millones de euros, debida en parte a la “absoluta falta de preparación técnica” del equipo directivo.