El acuerdo mayoritario de la Cámara Baja en favor de las víctimas del terrorismo se produjo tras el pacto al que llegaron los principales grupos políticos a partir de una proposición no de ley del PP. Este texto consensuado logró 336 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto negativo.

La formación popular había presentado una iniciativa “sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo”, que planteaba que España liderase proyectos como la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.

La proposición de los populares suscitó inicialmente la crítica de la oposición, debido a que el PP no la había consensuado. De hecho, el diputado del PSOE Odón Elorza instó al partido del Gobierno a retirar la propuesta por falta de un “diálogo previo”.

No obstante, el parlamentario popular Jaime Mateu Istúriz, que defendió la iniciativa de su fuerza política, llego a un acuerdo transaccional con PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Otras formaciones, como PNV, PDeCAT, UPN y Foro Asturias ya habían anunciado su respaldo antes de llegarse a un texto de consenso.

“EJEMPLO MORAL”

Finalmente, la proposición pactada por los principales grupos políticos y apoyada por la mayoría del Congreso insta al Gobierno a “liderar una mayor sensibilización y concienciación internacional en materia de víctimas del terrorismo, que son víctimas de vulneraciones de derechos humanos”.

Se pide al Ejecutivo “incluir este asunto en la próxima reunión en España de los ministros del Interior del denominado G-6 en materia de lucha contra el terrorismo y contra su financiación”.

Los partidos también quieren que España trabaje en el plano internacional “por otorgar la mayor relevancia a la voz de las víctimas, de sus familiares, asociaciones y fundaciones de víctimas y a su ejemplo moral, dado el papel que juega su relato para deslegitimar ética, política y socialmente el terrorismo, y con ello la narrativa que tratan de imponer los grupos terroristas, así como combatir la propaganda de la radicalización”.

Los diputados también defienden que España siga trabajando en la ONU para impulsar un Estatuto Internacional de Derechos de las Víctimas del terrorismo y que la UE disponga de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.