El decreto, que se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia, se convalidó con 231 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención. Introduce varias medidas urgentes que tenían que haber entrado en vigor el 1 de enero pero que han tenido que ser aprobadas por esta vía ante la falta de apoyos por parte del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, fue el encargado de pedir a la Cámara Baja el apoyo a la convalidación del texto, que recoge el acuerdo con los agentes sociales para subir el SMI en el periodo 2018-2020, con un incremento del 4% en 2018, 5% en 2019 y 10% en 2020, de forma que ese año alcanzaría los 850 euros mensuales en catorce pagas. Este incremento año a año se produciría siempre y cuando la economía española lograse en cada ejercicio un crecimiento del 2,5% del PIB y la creación de 400.000 empleos.

También incluye los coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018, una medida que el Gobierno considera “necesaria dado que contribuye a reforzar la financiación municipal, la consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria de las entidades locales” y que ha sido solicitada por 1.830 municipios. En este sentido, el ministro destacó su repercusión inmediata en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e indicó que sin su aprobación los ayuntamientos no podrán cumplir con sus previsiones presupuestarias.

Por otra parte, el decreto prorroga para el periodo impositivo 2018 los límites cuantitativos que delimitan el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, así como los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial del IVA de la agricultura, la ganadería y la pesca en 2018.