Así lo reveló este martes el ministro, Juan Ignacio Zoido, a pregunta de la senadora de Nueva Canarias María José López Santana, quien se interesó específicamente por el gasto relativo al CIE de Fuerteventura, que ella cuantificó en más de 875.000 euros desde diciembre de 2013 pese a que no hay internos en el mismo.

Zoido respondió con la cifra conjunta de todos los CIE, al tratarse de un contrato con una única empresa que gestiona la alimentación en ellos, y luego desgranó los del CIE de Fuerteventura: 161.620 en 2014, 185.000 en 2015 y 161.380 en cada uno de los años 2016 y 2017. Por ello, certificó que los datos de que disponía no coindidían con los de la senadora canaria.

En su turno de réplica, López Santana, además de afear al ministro que obviara los 365.000 euros que según sus datos se gastaron en diciembre de 2013, dijo que le estaba reconociendo que ha pagado dinero público a una empresa privada “por no hacer nada”, garantizándole un mínimo de 12.500 euros al mes; es decir, medio millón al año. Todo ello, dijo, por abastecer un CIE vacío, por lo que le pidió que comparezca en la Comisión de Interior de la Cámara Alta para aclarar todos estos contratos.

Zoido le contestó que el CIE “está en desuso, pero no cerrado”, y que el que no tenga internos desde 2011 no implica que no vaya a tenerlos en el futuro, por lo cual el Gobierno tiene que “tener la previsión” por si repunta la inmigración ilegal y hay que dar a los eventuales nuevos residentes el servicio que necesitan, tanto alimenticio como sanitario. “¿Qué dirían si Gobierno no tuviera la previsión necesaria para los inmigrantes que lleguen?”, preguntó para finalizar.