El Daño Cerebral Adquirido (DCA), explica Ciudadanos en su iniciativa, se produce al cerebro con posterioridad al nacimiento, y provoca un menoscabo de la salud y calidad de vida de quien lo padece, tanto adultos como menores de edad, siendo sus causas principales los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos y, en menor medida, tumores, infecciones cerebrales o anoxias.

Las lesiones producidas por estas causas, además de al cerebro, pueden afectar a cualquier otra función del organismo al ser éste el órgano de control de las funciones vitales. Estas posibles complicaciones resultan más graves cuando los afectados por el DCA se encuentran entre los colectivos de especial vulnerabilidad del daño cerebral, es decir: los menores de edad, cuando la persona con DCA se mantiene en Estado Vegetativo persistente o presenta alteraciones de la conducta.

Dado el escaso desarrollo de los recursos de atención al daño cerebral y la falta de reconocimiento social de esta discapacidad, estos tres colectivos con necesidades particulares dentro del DCA se enfrentan a más dificultades y situaciones de desamparo que el resto.

Ciudadanos recuerda que la atención a estas personas y a sus familias no debe limitarse al proceso agudo, sino que debe ser una acción perdurable en el tiempo, de carácter multidisciplinar y en la que estén implicadas competencias de Sanidad, Servicios Sociales, Discapacidad y Educación. Sin embargo, pese a que las necesidades específicas de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes con DCA son conocidas por el conjunto de profesionales y administraciones, los afectados por este daño no disponen de recursos de apoyo, sanitarios, sociales y educativos precisos.

Así, según un inventario de recursos realizado por la Federación Española de Daño Cerebral, en España hay 92 recursos de atención específicos para el Daño Cerebral Adquirido que proporcionan 4.332 plazas: 2.242 de titularidad privada, 1.339 concertadas y 751 públicas. En cuanto a la atención específica de menores con DCA, sólo tres comunidades autónomas poseen unidades específicas para el tratamiento: Navarra, Valencia y Madrid.

Por tanto, concluye Ciudadanos, las personas con DCA y sus familias no cuentan con los recursos precisos ni el apoyo de la administración necesario para que, una vez finalizada la etapa aguda, se continúe la rehabilitación de las funciones neurológicas, motoras, cognitivas o sensoriales perdidas.

Ciudadanos recuerda que en abril de 2015 la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad aprobó una proposicion no de ley para garantizar el acceso a la neurorrehabilitación por daño cerebral sobrevenido con cargo al Sistema Nacional de Salud.

A raíz de aquello, la formación pregunta ahora al Gobierno qué medidas concretas se han llevado a cabo o se están poniendo en marcha para dar cumplimiento a aquel mandato, y en caso de "nula actuación" si piensa impulsar un grupo de trabajo que desarrolle una Estrategia Nacional de atención al Daño Cerebral Adquirido. Quiere saber también si ha trasladado o piensa trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia la necesidad de que las administraciones autonómicas coordinen en el ámbito sociosanitario programas de apoyo a las personas con daño Cerebral Adquirido.

Ciudadanos pregunta también al Ejecutivo si preve impulsar las medidas necesarias para que se cree una categoría diagnóstica DCA para identificar así a las personas con DCA y dar inicio a su proceso de neurorrehabilitación lo antes posible, y si ha valorado modificar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para introducir los tratamientos de rehabilitación a nivel cognitivo, conductual y emocional en la cartera de servicios comunes de atención especializada.