Así lo afirmó la organización este jueves en un comunicado, en el que subrayaba que es “el único modo de asegurar que las administraciones públicas, instituciones y empresas puedan seguir avanzando para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a su información, productos y servicios. También de favorecer la investigación en este ámbito y lograr criterios comunes a la hora de realizar y aplicar este tipo de accesibilidad”.

En esa legislación también se incluye el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

DERECHO

Así, Plena Inclusión recuerda que la accesibilidad cognitiva es un derecho de todas las personas, que les permite acceder a la información y a múltiples entornos, productos y servicios. “Se trata por tanto de una herramienta fundamental para garantizar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y otros colectivos que pueden tener dificultades de comprensión, como las personas mayores, las migrantes sin conocimiento de nuestra lengua, etcétera”, añade el comunicado.

La organización también subraya que estos colectivos sufren “una doble discriminación”, pues “a la brecha tecnológica que les separa en muchos casos de los nuevos sistemas de información, cada vez más digitalizados, se une esta brecha en la propia comprensión de la lengua y los entornos”.

Finalmente, insiste en que España firmó en 2008 la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, comprometiéndose de este modo a adaptar toda su legislación a la misma, texto que habla de la vida independiente y que, incluso, hace una referencia explícita a los sistemas de “fácil lectura y comprensión”.