El pacto introduce una enmienda transaccional a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) a través de la cual se establece un mecanismo para que, si los mandatos de los magistrados del Tribunal Constitucional se alargan más allá de los nueve años establecidos, automáticamente se acorte en idéntica medida la duración de sus sucesores.

De este modo, se garantiza el principio constitucional que fija que la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional debe hacerse por tercios y cada tres años a través de los órganos competentes: Congreso, Senado, Consejo General del Poder Judicial y Gobierno.

La reforma parte de un acuerdo previo alcanzado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, tras una conversación telefónica mantenida a finales del mes de septiembre.

Entonces, según explicaron a Servimedia fuentes populares, se acordó desbloquear el proceso para nombrar a los nuevos magistrados del Constitucional y también para llevar a cabo esta reforma legislativa, que recorta el tiempo de mandato de los jueces a propuesta del Senado.

No obstante, ha sido imprescindible la participación de CiU, que se convierte en vehículo para llevar a cabo la modificación legislativa. El partido catalán tenía una enmienda a la reforma de la Loreg que ahora va a utilizarse para introducir los cambios sobre el Tribunal Constitucional.

El texto consensuado introduce un nuevo artículo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que “si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”.

Asimismo, el PP ha metido una cláusula para facilitar el nombramiento de nuevos magistrados cuando se produzca una baja por causa distinta a la habitual, como ocurrió con el juez Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008 y que todavía no ha sido sustituido en el Constitucional. Si ocurriera algo parecido, la reforma obliga a sustituirle “con arreglo al mismo procedimiento utilizado para la designación del magistrado que hubiese causado vacante y por el tiempo que a éste restase”.

UNA CHAPUZA PARLAMENTARIA

El diputado de CiU Jordi Jané explicó que esta reforma se ha hecho “para respetar la Constitución”, puesto que obliga a que los cambios de magistrados se hagan por tercios cada tres años. Como el Senado va a nombrar ahora a cuatro nuevos jueces y el Congreso hará lo mismo en diciembre, dentro de nueve años habría que cambiar a todos ellos a la vez.

Jané destacó que este cambio legislativo permitirá “evitar que se elijan siempre ocho magistrados a la vez”, puesto que los que ahora tomarán posesión a propuesta del Senado sólo estarán seis años dado que los actuales acumulan un retraso de tres años en el cargo.

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro destacó que la reforma es “una solución a futuro” que evitará retrasos como el actual en la renovación de los magistrados y afirmó que, en consecuencia, “va a dar estabilidad” al Tribunal Constitucional.

Bermúdez de Castro compareció ante la prensa junto al parlamentario del PSOE Jesús Quijano, ya que ambos han sido los impulsores de la modificación legistiva gracias al consenso alcanzado entre los dos grandes partidos políticos.

Más crítico fue el portavoz de ERC, Joan Ridao, que expresó a la salida de la reunión su discrepancia con el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP -respaldado por CiU- al entender que se trata de una “chapuza jurídica que no tiene precedentes” por utilizar una enmienda a la Ley Electoral para modificar la Ley del Tribunal Constitucional.