Ya está ante el juez la también exconsellera Neus Munté, y está citada a continuación su compañera de gabinete Meritxell Ruiz. Todos comparecen como testigos. Son los primeros testigos que declaran ante el magistrado por los hechos relacionados con el `procés´ en Cataluña.

Todos ellos formaron parte del Gobierno de Carles Puigdemont hasta julio pasado y fueron cesados por su posición crítica ante la celebración del referéndum del 1 de octubre. El juez pretende saber cuáles eran los planes del Govern hasta ese momento. A estas declaraciones asisten los abogados defensores de los imputados y de la acusación popular ejercida por el partido Vox.

Las declaraciones se producen el día previsto para la celebración del Pleno de investidura en el Parlament. Sin embargo, su presidente, Roger Torrent, anunció el aplazamiento del Pleno hasta que pueda realizarse "con garantías y sin injerencias" del Estado y hasta que el Tribunal Constitucional resuelva las alegaciones que el Parlament ha presentado para defender la inmunidad de Puigdemont.

Para este miércoles están previstas las comparecencias del exconseller Jordi Baiget y el exdirector de los Mossos d'Esquadra Alber Batlle, quien dimitió de su cargo. Al día siguiente el instructor tomará declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que fue responsable del operativo policial que operó durante el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

Los cuatro exconsellers catalanes, miembros del PDeCAT, y el exdirector general de los Mossos dimitieron el pasado mes de julio tras la remodelación que emprendió Puigdemont en su equipo de gobierno para reafirmar el compromiso del Govern con la celebración del referéndum. Ninguno de ellos alcanzaba dicho nivel de compromiso y abandonaron el Ejecutivo que impulsó finalmente la declaración de independencia.

En el procedimiento del Supremo se investiga a 28 cargos independentistas, entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de exconsellers de este gabinete, por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Puigdemont dirigió el lunes un escrito al Tribunal Supremo en el que acreditaba su condición de diputado del Parlament y defenfía que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de "autorización judicial".