Lo hizo en una comparecencia a petición de Ciudadanos en el Pleno ordinario de enero, en principio dirigida a la alcaldesa, Manuela Carmena, pero que ésta derivó en Higueras. Villacís instó a “cuidar de nuestros cuidadores”, a una representación de los cuales invitó al Pleno, y lamentó que se les haya convertido en “meros gestores que “despachan” a personas por la carga de trabajo burocrático que tienen.

También criticó que las ayudas a la pobreza energética tarden entre tres y 11 meses en llegar, que 13 de los 21 distritos no cumplan con la Carta de Servicios Sociales del Ayuntamiento (17 cuando hay bajas) de un trabajador social por cada 6.000 habitantes y tachó la supuesta concepción de “mero asistencialismo” que tendría el Gobierno municipal de los servicios sociales.

Higueras aseguró que los servicios sociales son “el buque insignia” del Gobierno municipal, reconoció que las reivindicaciones de los trabajadores sociales, a quienes ensalzó por su trabajo y dedicación, son “de justicia”, pero defendió que por eso se ha querido restablecer la jornada de 35 horas y el nuevo sistema de calificación profesional, medidas recurridas y paradas por la Delegación del Gobierno sin que Ciudadanos haya protestado por ello.

A Ciudadanos le reprochó también haber forzado la dimisión de la excoordinadora de Servicios Sociales Mercedes Portero, trabajadora social ella misma, por no ser funcionaria de clase A,y le corrigió que la espera máxima de ayudas por emergencia energética son ocho meses y la mayor parte de ellos por culpa de la Comunidad, que rechaza a su vez siete de cada 10 solicitudes, y reclamó a Cs que trabaje en la Comunidad, donde tiene influencia pues sostiene al Gobierno autonómico, por ejemplo haciéndole reconocer derechos subjetivos en la materia. “Haga algo allí donde puede hacerlo”, espetó a Villacís.

La delegada aseguró que, pese a la “raquítica tasa de reposición” que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que Ciudadanos no ha impugnado, en 2017 incorporó a 187 trabajadores con contrato temporal, 34 con contrato indeterminado, 93 trabajadores sociales y 60 estudiantes, y que para 2018 ha pedido 71 nuevos puestos administrativos, precisamente para reducir el trabajo burocrático de los profesionales. También se jactó de haber evitado 26.000 expedientes de ayudas a comedor simplificando trámites y del Plan de Mejora de Trabajos Sociales, aún no cerrado, además de minimizar el tiempo medio de atención a las citas canceladas, que son el 18%.

Desde el PSOE, Ignacio de Benito coincidió con Villacís en que, para lograr procedimientos garantistas, se ha “sepultado a los trabajadores sociales en trámites burocráticos”, redujo a 106 los nuevos trabajadores incorporados y exigió espacios dignos de trabajo para ellos, y por el contrario echó en cara a la portavoz de Cs que su partido no trabaje en el Congreso de los Diputados para aumentar la tasa de reposición.

En nombre del PP, Beatriz Elorriaga, que comenzó recordando al exconcejal de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su mujer, asesinados por ETA hace 20 años, dijo que el supuesto buque insignia del Ayuntamiento “hace aguas”, después de que Ahora Madrid “instrumentalizara” la supuesta emergencia social, porque no se ha construido ni un solo centro para la “magnífica red primaria” que heredó de los gobiernos del PP, y recriminó a Higueras que echara la culpa al Gobierno central y la Comunidad cuando el problema es que “no hay voluntad política”, sino “inactividad”, pues sólo proliferan los estudios y los grupos de trabajo.

En su réplica, Villacís tachó de “falta de respeto” que Carmena no compareciera ni responda a preguntas dirigidas a ella, criticó que en la nueva RPT de distrito no haya ni un solo trabajador social y sí muchos dinamizadores culturales y aseguró que las reclamaciones contra los Servicios Sociales municipales han aumentado un 57%, que el porcentaje de gasto social ha bajado respecto a los gobiernos municipales del PP y que el 75% de los usuarios no son atendidos en ocho días como exige la normativa, tal vez por las cuatro firmas de concejales que exigen las concesiones. Higueras negó que por una firma se ralenticen los programas y ayudas.