Así lo manifestó María Aránzazu Díez, experta en familias y educación de la CNSE, en un evento organizado por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en el marco de la 77ª Sesión del Comité de Derechos para la Infancia en Ginebra. En este encuentro, que periódicamente organiza la ONU para valorar el progreso que cada país va alcanzado en la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, España ha sido uno de los países examinados.

Díez hizo alusión a la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas y señaló que queda pendiente desarrollar un marco normativo sobre la incorporación de la lengua de signos tanto en el ámbito de los servicios de atención temprana como en los centros educativos”. También añadió que “faltan medidas que faciliten el uso de la lengua de signos como lengua vehicular y que se determinen aquellos centros educativos en que su aprendizaje y uso sea posible”.

ATENCIÓN

En cuanto a la atención temprana, explicó que la realidad en nuestro país para la infancia sorda y sus familias es la de una “irregular, escasa y desigual implantación”, y añadió que en lo que respecta a la inclusión de la lengua de signos española o catalana se vive “un desconocimiento e incluso rechazo de los profesionales a la incorporación de la misma en la atención temprana”.

Una cuestión que calificó como “grave vulneración a los derechos más básicos de salud y desarrollo pleno y armonioso de la población sorda” y que, según afirmó, “podría paliarse con la aprobación de una Ley Orgánica de Universalización de la Atención Temprana y el Apoyo al Desarrollo Infantil fundamentada jurídicamente en las Convenciones Internacionales de la Infancia y de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que contemple la perspectiva bilingüe-bicultural de las personas sordas en la intervención con la infancia sorda y las familias”.

EDUCACIÓN

En lo que se refiere a la situación de la enseñanza de la lengua de signos entre la infancia sorda, María Aránzazu Díez denunció la escasez de centros escolares que incluyen esta lengua en sus currículos y su desigual distribución en el territorio español. “La oferta del modelo educativo bilingüe-bicultural es muy dispar y preocupa la desequilibrada distribución territorial de estos programas educativos”, comentó.

Por otro lado, recordó que desde el año 1993 la CNSE tiene firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el objetivo de dotar de recursos al profesorado de centros bilingües mediante la elaboración de recursos didácticos y curriculares, algo que “no deja de ser, aunque necesario, insuficiente”.

Añadió que “la dotación de intérpretes de lengua de signos es muy desigual dependiendo de cada etapa educativa y territorio, lo que provoca que todos los años numerosos alumnos sordos comiencen el curso sin contar con intérpretes”.

Para Díez, la solución pasaría por “potenciar la creación de una red de centros con programas educativos bilingües-biculturales en lengua de signos y garantizar la formación continua de los profesionales que trabajan con la infancia, la juventud sorda y las familias teniendo en cuenta la perspectiva de las personas sordas”.