El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que las autoridades regionales deben velar por que las instalaciones de residuos de la industria extractiva cumplan plenamente la Directiva sobre residuos de industrias extractivas y deben aplicar las medidas necesarias para mejorar la calidad del agua en la cuenca del río Llobregat, tal como exige la Directiva marco sobre el agua.

“La situación actual sigue causando graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa. Las autoridades españolas disponen de dos meses para contestar. En caso de respuesta insatisfactoria, la Comisión podría presentar este asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE”, concluyó.