En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, expresó su preocupación por la fractura interna de la sociedad catalana, y aseguró que desconocer esa realidad tiene algo de “irracionalidad y de cierta argumentación supremacista”, no tan explícita como en el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero sí de no querer ver la realidad que no se comparte. Pensar que "si no nos lo impidieran seríamos los mejores", dijo González, es una forma de supremacismo.

González aseguró que “no es posible” investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat desde Bruselas porque el Reglamento del Parlamento “exige la presencia física del candidato” y un debate igualmente presencial entre los diputados. Considera “una broma” el argumento de que todo lo que no es expresamete prohibido por el Reglamento está permitido, porque en ese supuesto se podría proponer “que un elefante fuera presidente”, ya que no lo impide expresamente.

No está “seguro” de que la aritmética parlamentaria emanada de las elecciones de diciembre conduzca necesariamente a otros comicios pero sí de que un empeño en saltarse nuevamente la ley haría que la instrucción en marcha en el Tribunal Supremo “se enturbie todavía más”, ya que se demostraría esa prestensión.

Considera que quienes tienen mayoría en el Parlamento tienen “derecho” a intentar formar Gobierno pero respetando la legalidad, y si la constitución de la Cámara demuestra el propósito de seguir vulnerando la ley, alertó, estarían dando “todos los argumentos” para seguir aplicando el “sistema de garantías de la Constitución”, es decir, el artículo 155.

González reconoció que “en general” no le gusta la prisión preventiva y que estaría “más cómodo” si no hubiera dirigentes políticos independentitas encarcelados gracias a esa figura penal, pero cree que la instrucción judicial está siendo “bastante rigurosa” y que al juez “le están poniendo muy difícil” poder hacer otra cosa.

Estaría más cómodo también, añadió, si lo que esos dirigentes políticos han dicho al juez para intentar salir de prisión fuera “asumido” por sus partidos y no hubiera “una contradicción tan flagrante” entre ambos postulados a la hora de defender las aspiraciones independentistas pero sin vulneración de la legalidad. Sin embargo, lamentó, “el debate indica lo contrario”.

Reconoció, no obstante, que tiene “dificultad para ver el delito de rebelión” y que, así como la sedición y la malversación de fondos son más evidentes, el delito de rebelión se le antoja “difícilmente probable” en este caso. Esa reflexión le sirvió para incidir en que la iniciativa política tendría que haberse anticipado a la vía judicial, pero “ya no es evitable” y el procedimiento está en marcha.

LEALTAD DEL GOBIERNO CENTRAL

Precisó, además, que la lealtad constitucional e institucional es de doble dirección, y que también es exigible al Gobierno central, por ejemplo ante una sentencia “nada sorprendente” sobre competencias autonómicas en la gestión del subsidio de desempleo. Hay que ser “muy rigurosos” en ese respeto para exigirlo a otros, precisó.

En ese sentido, afirmó que desde el Ministerio de Hacienda se está ejerciendo una “presión irregular” sobre las comunidades autónomas para que a su vez presionen a los partidos y acepten los Presupuestos Generales del Estado “sí o sí”. “Eso no es leal”, alertó, y además es “peligroso” porque quita legitimidad al Gobierno para exigir esa lealtad.

González cree que un “acto deslealtad” como en su opinión fue la convocatoria del 9-N tendría que haber provocado un requerimiento al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, para aclararle la falta de competencias e instarle a “deshacer” ese acto. Si se hubiera hecho, en vez de entrar en “la tontería” en la que se entró a partir de ahí, en caso de desobediencia se habría podido aplicar el artículo 155 de la Constitución de forma “mucho más restringida” de lo que finalmente se hizo y “no hubiéramos llegado a este sitio”.

Alertó además de que la respuesta del Estado no puede ser “aumentar el conflicto”, y afeó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su convicción de que es “mucho mejor no mover nada” desde el punto de vista político. Hace más de tres años y medio que no habla con él, explicó, aunque si le llamara para él sería una prioridad acudir a la llamada.

En su opinión, en la Constitución hay “muchas reformas que hacer” y sería conveniente “releer” su contenido “con voluntad de reforma” para que tanto quienes quieren “liquidarla” como quienes no quieren tocar nada comprueben que “resiste” un ejercicio de comparación con otras homologables. “Hay que cambiar el Título VIII y algunas otras cosas”, sentenció.

Declinó pronunciarse sobre temas de partido y también se declaró dispuesto a hablar con el secretario general, Pedro Sánchez, algo que en los últimos tiempos “no ha ocurrido pero creo que va a ocurrir”, y sí reconoció que habla “alguna vez” con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a iniciativa de aquel.

Preguntado por la corrupción, González aseguró que los casos que afectaron al PSOE en su época tienen “difícil comparación” con los que se han conocido en los últimos tiempos en otros partidos y que ya se estaban fraguando entonces, y aunque fue “tarde”, precisó, “la Justicia llegó” y eso hace que haya “un antes y un después” en la percepción que la ciudadanía tiene de la corrupción.