El magistrado ha citado también esta semana como testigos a los exconsellers del Gobierno catalán Jordi Jané i Guasch, Neus Monté Fernández, Meritxell Ruiz Isern y Jordi Baiget i Cantons, así como al ex director general de los Mossos d’Esquadra Albert Batlle i Bastardas. Las declaraciones de los tres primeros serán el 30 de enero y los dos últimos comparecerán el 31 de enero. Se trata de los miembros del Ejecutivo catalán que dimitieron el pasado mes de julio.

En la misma providencia, Llarena solicitó a la Guardia Civil que investigara tres transferencias bancarias relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la “Delegación de Catalunya Davant la Unió Europea en Bruselas” en una sucursal del BBVA de Bruselas, cuya documentación ha sido aportada por los servicios jurídicos de dicha entidad.

El juez pidió que se averiguara la posible relación de estas tres transferencias, que se realizaron entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, con lo previsto en la Orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda, de 15 de septiembre de 2017, por la que se acordaba el control de los gastos de la comunidad autónoma de Cataluña.

En concreto, solicitaba que se identificara el “ordenante y destinatario, concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación de las respectivas cantidades de 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies), 61.450 euros (idéntica destinataria) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia”.

El objeto de esta petición era comprobar si esas cantidades se extrajeron de los fondos que controlaba la Comisión de Asuntos Económicos de Hacienda con el objetivo de sufragar gastos ocasionados con el proceso independentista.

El juez acordó igualmente pedir al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona copia de la agenda incautada en el registro practicado en el domicilio de Josep Maria Jové, así como el testimonio del contenido de dos llamadas telefónicas: una mantenida el 7 de agosto de 2017 entre Josep Maria Jové y Oriol Soler Castanys, y otra entre Carles Viver y Margarita Gil.

En su providencia, el juez requería también a la Guardia Civil que aportara elementos objetivos para acreditar una serie de declaraciones atribuidas a diferentes exdirigentes de la Generalitat y de ANC y de Ómnium, desde Carles Puigdemont a Joaquin Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez o Jordi Cuixart.