En la última reunión del Pleno, celebrada a finales de septiembre, los magistrados del Constitucional, presididos por María Emilia Casas, decidieron admitir a trámite el recurso, según informaron desde la oficina del Defensor del Pueblo.

Esta admisión a trámite no tiene efectos suspensivos sobre la Ley de Acogida de las Personas Inmigradas y Regresadas a Cataluña.

El citado recurso, interpuesto en agosto, impugna los apartados 2, 4 y 5 del artículo 9 de la ley, referidos a las competencias lingüísticas básicas y que establecen “la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana”.

Los preceptos también sitúan al catalán como “lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración” y establecen la prioridad de la lengua catalana sobre la lengua castellana en el servicio de primera acogida.

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Gobierno y el Parlamento y el Gobierno de Cataluña tienen quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.