En un comunicado, el Cermi pidió un aumento de los fondos destinados a servicios sociales, que pongan a España al nivel de otros países europeos y aseguren “un auténtico Estado de Derecho, como reza nuestra Constitución”.

También exigió que estos fondos, sobre todo las transferencias del Estado a las comunidades autónomas y ayuntamientos, tengan carácter finalista, es decir, que estén vinculados a satisfacer necesidades sociales sin posibilidad de aplicarlos a objetivos distintos, “como ocurre ahora en que no existe blindaje”.

Ante el debate sobre el nuevo marco de sostenibilidad territorial que debe abrirse en las próximas semanas, el sector de la discapacidad reclamó así que “lo social no quede al margen y en posición subalterna, como ha ocurrido históricamente cuando se habla de financiación territorial”, donde esta cuestión “apenas ha tenido relevancia”.

Por todo ello, desde el sector de la discapacidad se realizará una tarea intensa de incidencia en las partes negociadoras para que las cuestiones sociales estén presentes y terminen materializándose en los pactos definitivos que se alcancen.