La organización mostró en un comunicado su preocupación por la infensificación de la represión de las manifestaciones que se han propagado en Irán durante la última semana.

Las declaraciones oficiales han confirmado que al menos 22 personas, entre ellas dos agentes de seguridad, han muerto desde el 28 de diciembre, fecha en que miles de iraníes empezaron a echarse a las calles para protestar contra la pobreza, la corrupción, la represión política y el autoritarismo.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a defenderse y tienen el deber de proteger la seguridad de la población. Sin embargo, las denuncias sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes pacíficos desarmados resultan sumamente inquietantes y ese uso supondría una violación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por Irán en virtud del derecho internacional”, indicó Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Luther subrayó que “el Gobierno iraní debe iniciar sin demora una investigación efectiva e independiente sobre los homicidios y otros informes de uso de fuerza excesiva o innecesaria, y debe llevar a todos los responsables de violaciones de derechos humanos ante la justicia”. “Protestar pacíficamente es un derecho y hay muchas persona en Irán que quieren ejercerlo”, añadió.

En las redes sociales y en los medios de comunicación se han publicado vídeos y declaraciones de testigos presenciales que mostraban o describían cómo la policía antidisturbios y otras fuerzas de seguridad usaban fuerza excesiva e innecesaria.

Por ejemplo, dispararon munición real contra manifestantes desarmados, golpearon con porras a manifestantes y utilizaron gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar las protestas. Amnistía Internacional no ha podido verificar los vídeos o los relatos de los testigos.

Durante los últimos siete días, más de un millar de personas han sido detenidas y recluidas en cárceles conocidass por la tortura y otros malos tratos que se infligen en ellas, y a muchas de estas personas se les ha negado el acceso a sus familias y abogados.

La Human Rights Activist News Agency (Agencia de Noticias Activistas de Derechos Humanos) ha informado de que las autoridades dejaron registro de al menos 423 personas detenidas entre el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero de 2018 sólo en la prisión de Evin, en Teherán. Se cree que muchos de los centenares de personas detenidas fueron recluidas en condiciones de hacinamiento en la ‘sección de cuarentena’ de ese centro, que sólo tiene capacidad para unas 180 personas.