Con esta medida, que ya tiene el visto bueno del Gobierno, según confirmaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Fomento, el Ejecutivo, que no tiene competencias en el sector del taxi, trata de responder a la inquietud despertada entre este colectivo por la competencia de plataformas como Uber y Cabify.

En estos momentos, aunque ya no se pueden conceder licencias VTC porque han alcanzado su límite en proporción con el taxi, lo que ocurre es que los tribunales están reconociendo algunas que se concedieron entre 2009 y 2013 cuando había un vacío legal.

El registro tendrá un doble objetivo. Por una parte, reforzará las garantías en la exigencia de la contratación previa del servicio de alquiler de vehículos con conductor, lo que evitará que en la práctica se produzcan incumplimientos, facilitando la labor de los servicios de inspección.

Por otro lado, permitirá controlar de manera eficaz el criterio de habitualidad por parte de los servicios de inspección y control, ya que la normativa vigente permite a las empresas de VTC realizar un máximo del 20% de sus servicios (contabilizado trimestralmente) fuera del territorio de la comunidad autónoma que haya otorgado la correspondiente autorización.

Se trata, en definitiva, de garantizar que los vehículos con autorización VTC sean precontratados, evitando la captación de viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias.

Por último, este decreto impone que los vehículos a adscribir a nuevas autorizaciones VTC, aunque estas hayan sido obtenidas mediante sentencia, deben cumplir los requisitos vigentes en este momento, con independencia de los que estuvieran vigentes en el momento en que se realizó la solicitud original.