Esa norma, conocida como 'ley antifracking', faculta a Castilla-La Mancha a elaborar un plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica en el aprovechamiento de hidrocarburos y prohibe su utilización en zonas de restricción y zonas de exclusión.

El Gobierno afirma que ello supone una vulneración de la Ley del Sector de Hidrocarburos y de la Ley de Evaluación Ambiental, de carácter básico porque otorgan al Estado las concesiones para la explotación de yacimientos de hidrocarburos y admiten la técnica de la fractura hidráulica con las cautelas medioambientales necesarias.

El Ejecutivo indica que la legislación autonómica puede prever medidas de protección de espacios naturales que pueden llegar a la prohibición del ‘fracking’, para lo cual existe base normativa en la legislación básica estatal de protección del medioambiente.

Sin embargo, apunta que no es posible regular un ‘Plan estratégico’ cuya base competencial sería la relativa a normas adicionales de protección y subordina completamente el ejercicio por el Estado de sus competencias sobre hidrocarburos y medioambiente a esas competencias autonómicas.

Además, subraya que la ley estatal de evaluación ambiental ya ha establecido, con carácter básico, la necesaria protección medioambiental en relación con la técnica de fractura hidráulica, al sujetar todos los proyectos a la evaluación de impacto ambiental, que podrá establecer todas las medidas de protección que sean necesarias.

El Gobierno invoca en este recurso el artículo 161.2 de la Constitución a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad.