La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es responsable del ‘Fichero de Titularidades Financieras’, actuando el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales como encargado del tratamiento de la información.

En este fichero se incluye información sobre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores y depósitos a plazo, así como de los intervinientes en dichas cuentas y depósitos. Su información se actualiza con carácter mensual.

Ahora, con las modificaciones que impulsa el Ministerio se incorpora un nuevo producto, las cajas de seguridad. Así lo recogen el anteproyecto de ley y un proyecto de real decreto por el que se modifican parcialmente la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Por otra parte, en esta revisión de la legislación se impulsa una “intensificación” de los controles que se realizan a personas con responsabilidades en el ámbito del sector público, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía.

Se trata de un colectivo amplio, que afecta a los tres niveles de la Administración y que incluye, por ejemplo, consejeros de empresas públicas y todos los altos cargos del Estado, de las autonomías y de los municipios de más de 50.000 habitantes.

Además, se hace una revisión general del régimen de sanciones, con un incremento de las sanciones máximas por incumplimiento de las obligaciones. Así, se pasa del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio.

Economía recordó que estas normas se sitúan en el ámbito preventivo y administrativo, que tiene como objetivo mantener obligaciones de control a entidades bancarias, de seguros, o a entidades de sectores no financieros como intermediarios en la compra de inmuebles.

Éstas han de realizar un control de sus clientes para evitar que fondos de procedencia ilícita (de cualquier actividad delictiva) entren en el sistema financiero. Las entidades tienen que realizar un chequeo inicial de los clientes y un seguimiento posterior de la relación del negocio, y si sospechan que hay blanqueo deben de alertar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, quien si lo considera lo trasladará a la Agencia Tributaria, la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía.