La coalición fundamenta su petición, entre otras razones, en la "amistad manifiesta" de ese juez con una de las partes del proceso, el PP, que en ese procedimiento tiene la condición de responsable civil subsidiario, "lo que evidentemente puede afectar a la parcialidad del procedimiento y transparencia del mismo".

"No podemos ignorar tanto el hecho de que el magistrado ahora recusado votó contra la decisión mayoritaria de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de apartar a los magistrados López y Espejel del enjuiciamiento de la presente causa por existir dudas sobre su apariencia de imparcialidad, como el hecho de que la magistrada recusada Espejel ha participado en el acuerdo de la Sala de Gobierno que ha modificado la composición del tribunal e introducido al magistrado ahora recusado", dice el escrito.

Todo ello, expone la coalicion, con el nexo común de que los tres magistrados fueron designados por el PP como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y promocionados o condecorados por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Recuerda, en ese sentido, que Juan Pablo González fue elegido vocal del CGPJ a propuesta del PP y ejerció el cargo entre 2001 y 2005, coincidiendo con otro igualmente propuesto por el PP, Enrique López, "apartado de la misma causa en la que ahora se formula esta recusación".

El escrito denuncia que las nuevas normas aprobadas "de forma sorpresiva" por la Audiencia Nacional "obligaron a un cambio sustancial" en la composición de la Sala que debía encargarse de este caso, de la que inicialmente formaban parte los mismos magistrados que juzgaron la primera pieza principal de la trama 'Gürtel'.

Izquierda Unida considera que existen "dudas más que razonables sobre la parcialidad" de González, ya que "adeuda una gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político cuyos tesoreros y cuya contabilidad opaca se debe enjuiciar".

El escrito alerta además del "quebrantamiento de la imparcialidad subjetiva" y especifica que “incluso las apariencias pueden ser importantes. Lo que está en juego es la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben de ofrecer a los que acuden a ellos".