Así se expresó el presidente de esta asociación, José Manuel Ramírez, en una reunión que tuvo en el Congreso de los Diputados con la presidenta de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Aurelia Jerez, y con parlamentarios de varios partidos para evaluar el Pacto por la Dependencia firmado el año pasado.

Este pacto, al que se ha añadido este año Unión del Pueblo Navarro, ha sido firmado por todos los partidos a excepción del PP y del PNV y tiene como objetivo revertir en los Presupuestos los recortes producidos hasta 2012, que se acabe con el limbo de la dependencia (aquellas personas que están desatendidas pese a tener reconocido ese derecho), así como negociar un modelo estable de financiación y un Sistema de Información de la Transparencia transparente y actualizado.

“En la hora que ha durado este acto, cuatro personas en situación de dependencia en España han fallecido sin recibir la prestación o servicio que les corresponde por derecho”, alertó Ramírez, quien detalló que todavía hay “320.000 personas en lista de espera”, como consecuencia de la falta de financiación de este sistema de atención, que la organización calcula que ha sufrido “un recorte acumulado de 4.000 millones de euros” en los últimos años.

Acerca de la subida prevista de la prestación mínima garantizada, que subirá 3,05 euros al mes para los dependientes de grado 1; 1,65 para los dependientes de grado 2 y 12,27 euros para los de grado 3, Ramírez señaló que “es una tomadura de pelo” y espetó al Gobierno que “si no quiere cumplir la ley que no la cumpla, pero que la derogue”.

Por su parte, Jerez hizo hincapié en que “la dependencia tiene cara de mujer”, puesto que “el 95% de los cuidadores en el entorno laboral son mujeres”, las cuales “hemos tenido que renunciar a nuestro futuro laboral por atender a una persona con dependencia”.

ENMIENDA EN LOS PGE 2018

Por su parte, los diputados asistentes a la reunión mostraron su preocupación ante la situación que atraviesa el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del cual reconocieron que en estos momentos no se cumple, a la vista de los datos que reflejan que la mayor parte del gastos (82,6%) lo asumen las comunidades autónomas, por solo el 17,4% que invierte el Estado, cuando debería estar cofinanciado a partes iguales.

En concreto, Carles Campuzano, representando al PDECat, señaló la necesidad de que se establezca “una fórmula de financiación específica” para este aspecto y en este sentido el diputado de Ciudadanos Diego Clemente se mostró de acuerdo en que “intentemos dejar la ideología a un lado” y se acuerde “una fuente de financiación a largo plazo”.

En esta línea, las diputadas del PSOE y de Unidos Podemos Elvira Ramón y Ana Marcello abogaron por incluir una enmienda en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que se alcance el nivel de financiación anterior a los recortes de 2012, puesto que será un proceso “muy lento” hasta que se cree y se lleven a cabo los trabajos de la subcomisión del Congreso para estudiar la aplicación y la sostenibilidad futura del actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Por último, Ramírez remarcó la importancia de que, en primer lugar, se dote a este sistema de una dotación presupuestaria que se asemeje como mínimo a los niveles de 2012 y después se modifique si es necesario, porque “primero lo que hay que hacer es cumplir la ley y luego ver en qué la podemos mejorar”.