La reforma legal, que entrará en vigor efectivamente en el plazo de dos meses desde hoy, partió de una propuesta articulada que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó a los grupos parlamentarios, que estos asumieron y que se ha aprobado con la unanimidad de todo el arco político, tanto en el Congreso como en el Senado.

El Cermi señaló que con esta modificación normativa "se destierra del ordenamiento jurídico una discriminación contra el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, que contravenía gravemente los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, suscrita y ratificada por España y plenamente aplicable en nuestro país".

Por ello, "saluda este avance en los derechos de las personas con discapacidad y lo señala como precedente valioso de las reformas pendientes en materia de acceso a la Justicia", como la modificación del Código Civil para establecer un sistema de apoyos a la toma de decisiones o para la eliminación del internamiento involuntario por razón discapacidad psicosocial.