Entre las entidades promotoras figuran la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).

En el manifiesto expresan su rechazo a las “iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta”.

En particular, piden que se evite el derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios. También se oponen a la imposición de responsabilidades o la adopción de medidas de control por parte de los intermediarios y las plataformas de Internet, dado que ello “genera un claro riesgo de censura privada”.

Respecto a la posible prohibición del anominato en Internet, advierten de que el relator especial de Naciones Unidas para la protección de la libertad de expresión ha declarado su importancia “al permitir a los individuos ejercer el derecho a la libertad de expresión en la era digital”.

"COARTADA"

En relación con la propagación de ‘noticias falsas’, el manifiesto propugna la necesidad de defender un entorno informativo fiable y responsable, y de promover que todos los actores de la cadena informativa combatan y no fomenten la difusión de las mismas.

“Sin embargo, al mismo tiempo, rechazamos rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo, tanto en los medios de comunicación como en la Red”, indican.

Consideran “muy peligroso” que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa. “Antes bien, consideramos que las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de contenidos deben tratarse adecuadamente sobre la base de las categorías y los instrumentos jurídicos ya existentes, por lo que cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social”, asegura el escrito.

Por lo que se refiere a la prensa, sostienen que los medios de comunicación y los periodistas son responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el ejercicio de su función, y los códigos deontológicos deben incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la difusión de infundios que deslegitiman el periodismo.