Dirigió la petición a Rajoy durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente subrayó que la Constitución son las reglas de juego para “poder vivir de manera civilizada y poder progresar juntos”, y desde su aprobación “se ha dialogado mucho”, siempre dentro de la ley, con un balance “muy positivo”.

Ha sido así, añadió, hasta que los gobernantes de Cataluña decidieron que en esa comunidad no regía la Constitución ni el Estatuto de Autonomía, “se inventaron” una nueva legislación, “no dejaron hablar a la oposición”, hicieron “caso omiso” a los tribunales y optaron por colocarse “por encima de la ley”, creyendo que podían hacer “lo que quisieran”.

En ese momento, aseguró, dejó de regir el diálogo y la Constitución sirvió para evitar que la ley se convirtiera “en la ley del más fuerte”, y a partir de ahí se está trabajando para que las cosas “se normalicen” y se pueda restaurar un diálogo “normal y civilizado como ocurre en todas las democracias”.

Campuzano denunció que frente a las demandas de diálogo político desde Cataluña, el Gobierno “se ha parapetado” en la ley, olvidando que la ley responde siempre al principio democrático, requiere de la aceptación social para ser aplicada y debe responder a la realidad de la sociedad en la que se aplica.

Lo que es “de sentido común” también en Cataluña, defendió, es elevar a categoría política y legal lo que es una demanda social para la celebración de un referéndum, y el Gobierno “no puede impedir que ese deseo se pueda canalizar”, por lo que tiene la “obligación democrática de ponerse a negociar ese mandato” democrático.

Campuzano alertó a Rajoy de que lo que no es “de recibo, ni democrático ni justo” es dejar pasar el tiempo confiando en que la demanda se desinfle, bloquear las iniciativas que llegan de Cataluña intentando canalizar esa demanda, intervenir las finanzas de la Generalitat, “reprimir de forma violenta” el ejercicio pacífico de derechos, “alentar la marcha” de determinadas empresas, “consentir” un discurso de odio jaleado por “algunos de sus colegas”, promover una “caza de brujas” encarcelando a personas “inocentes” o disolver un Parlamento legítimo.

Rajoy reiteró en su respuesta que la primera obligación de un gobernante es cumplir la ley, y que no es democrático pretender “liquidarla” y privar a los ciudadanos de sus derechos, incluido el de decidir “qué quieren que sea su propio país, España”.

El presidente se reafirmó en su disposición al diálogo, pero denunció que desde la Generalitat el diálogo se planteó sobre una premisa: “Referéndum sí o referéndum sí”.