Junqueras está ingresado en la prisión de Estremera (Madrid) desde el pasado 2 de noviembre por decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, confirmada hace una semana por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Su defensa ha presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que deberá resolver ahora sí le deja en libertad con el fin de que pueda hacer campaña para las elecciones del 21 de diciembre.

El exnúmero dos del Gobierno catalán asegura de nuevo que no existe riesgo de reiteración delictiva y que en caso de ser liberado no actuaría para reactivar la independencia de Cataluña más allá de lo que establece y reconoce la ley.

“No puede existir riesgo de reiteración cuando la persistencia en la acción unilateral, si ello es un elemento para sospechar de riesgos futuros, se basa en percepciones subjetivas y no en realidades. La realidad es que el escenario político actual es el de acatamiento del 155 de la Constitución, el de sometimiento a un proceso electoral, el del cese del gobierno de la Generalitat, y el de la propuesta (como mínimo en lo que atañe a mi mandante) de escenarios de diálogo y resolución bilateral de conflictos políticos”, dice su abogado, Andreu Van den Eynde.

Lo más sorprendente es que Junqueras recurre a los preceptos constitucionales para tratar de recuperar la libertad y dice que “no sólo son los derechos civiles y políticos reconocidos internacionalmente los que protegen al disidente político, también lo hace la propia Constitución española. Es el texto constitucional quien protege a los independentistas”, concluye.

El letrado asegura que su defendido desconocía el contenido del documento Enfocat, en el que los investigadores basan buena parte de sus conclusiones, e insiste en que su liberación “es compatible y juega a favor de la contención de cualquier riesgo de ‘explosión violenta’”, reproduciendo una expresión utilizada en su auto por el juez.

Además, recuerda que Junqueras es candidato a unas elecciones de las que no se conoce el resultado y, por tanto, “encarcelarle preventivamente hoy por lo que pueda hacer en un futuro incierto ni es proporcional ni acorde a Derecho, máxime cuando la determinación de Junqueras con un programa político pacífico basado en el diálogo es firme y real”.

El letrado pide a la Sala de lo Penal que no asuma como labor propia la “criminalización del proyecto político independentista” ni de las “movilizaciones sociales, confundiendo la persecución de un ideal legítimo con los medios a través de los que se hace”. Insiste que “nadie podrá nunca calificar de violento” el `procés´ “so pena de relativizar de forma muy peligrosa el concepto jurídico penal de violencia” y de convertir en un hecho delictivo lo que era “el ejercicio de derechos civiles”.

En ese sentido, explica que “el delito de rebelión tiene que ver con el ejercicio de la violencia y no con la ideología política. La persecución de la independencia de una parte del territorio mediante el alzamiento violento es delito. Hacerlo por la vía pacífica es no sólo perfectamente legítimo, sino que es algo que la propia Constitución promueve de acuerdo con la máxima acuñada por el Tribunal Constitucional de que España no es una democracia militante. La disidencia política es un valor. La protesta es un valor. La discusión es un valor. La violencia no lo es”, remacha el recurso.