En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, celebró el acuerdo alcanzado en el Senado para la renovación de los magistrados que concluyeron su mandato hace tres años y que deben ser sustituidos por los que nombre esa Cámara.

Aseguró, además, que hay “preacuerdo” en el Congreso de los Diputados, para la sustitución del magistrado fallecido García-Calvo y de los que concluirán mandato en noviembre, aunque habrá que esperar a ese momento para formalizarlo, es decir, cuando sean efectivas las vacantes.

El Gobierno y los grupos parlamentarios trabajan además en una enmienda a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, con la que se intentaría evitar tanta dilación en la renovación de los magistrados que concluyen mandato y los solapamientos entre las renovaciones que corresponden, por tercios, a distintas instituciones.

El contenido de la enmienda permitiría, según explicó la vicepresidenta, que los magistrados sustitutos de los que han cumplido mandato ejerzan esa labor por el tiempo restante del mandato original, no por los nueve años completos.

De esa forma, por ejemplo, si entrara en vigor antes de que el Senado nombre nuevos magistrados, su mandato sería de seis años y no de nueve, ya que han transcurrido tres desde que concluyó el de los anteriores.

Esa fórmula sería válida tanto para las renovaciones ordinarias como para los casos de causa sobrevenida, como puede ser el fallecimiento de un magistrado, y, según el Gobierno, sería un mecanismo de presión para que las instituciones encargadas de renovar el Tribunal cumplieran con el mandato constitucional en tiempo y forma.

Con ello, el Gobierno renuncia, al menos en principio, a introducir una fórmula que fuerce directamente la renovación, como podría ser el cese automático de los magistrados que hayan concluido el mandato, pasado un tiempo determinado fijado por ley.

Si hay acuerdo entre los grupos parlamentarios, esa enmienda podría introducirse en cualquier ley de rango suficiente, aunque verse sobre otro asunto, y la intención es tramitarla “con rapidez” para que pueda entrar en vigor incluso antes de que se renueve el tercio del Constitucional que corresponde al Senado.

En ese diálogo abierto entre el Gobierno y los grupos parlamentarios para renovar vacantes institucionales podría entrar también el Defensor del Pueblo, pendiente tras la conclusión de mandato de Enrique Múgica.