Según informó este jueves el Ministerio del Interior, la red estaba liderada por un empresario onubense considerado como uno de los principales narcotraficantes de la península. Han sido detenidas 14 personas y se han incautado de 5.100 kilos de hachís, además de material telefónico, electrónico e informático, seis embarcaciones, dos motos de agua, un helicóptero, una avioneta, un ultraligero, diversas armas de fuego y munición.

Los arrestados se encontraban en trámites para adquirir unos terrenos para la construcción de un 'narcoaeroclub' que les permitiera comenzar a introducir cocaína a través de hidroavionetas. La investigación ha sido dirigida por la Fiscalía Antidroga y el juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

Las pesquisas se iniciaron hace 22 meses. Los agentes incautaron 2.700 kilos de hachís y arrestaron a tres personas que transportaban un alijo de hachís desde las playas de Huelva hasta la zona en la que iban a almacenar el estupefaciente. Esto situó a los agentes tras la pista de una organización dedicada al tráfico marítimo de hachís que distribuía tanto a nivel nacional como internacional.

Los indicios de esta primera fase de la operación desvelaron un entramado dirigido por un conocido empresario onubense con dos estructuras totalmente diferenciadas. Una de ellas se dedicaba a los aspectos financieros recaudando dinero, blanqueando y financiando las actividades delictivas; la otra rama se encargaba del transporte, almacenamiento y distribución de hachís por todo el territorio nacional y estaba dirigida por un mecánico naval. Esta parte de la organización funcionaba con un estricto régimen paramilitar y contaba con sofisticados medios tecnológicos para la identificación y seguimiento de vehículos policiales en la zona.

En una segunda fase de la investigación se tuvo conocimiento de la infraestructura con la que contaban destinada a introducir embarcaciones semirrígidas por el río Piedras, a la altura del municipio de Cartaya (Huelva). El empresario contactaba con los proveedores marroquíes y negociaba los términos de los transportes de droga, ofreciendo seguridad y garantías para la llegada de la mercancía a tierra firme.

Posteriormente la rama operativa, ubicada en Cartaya, se comunicaba con el empresario a través de teléfonos encriptados o personas que servían de enlace para asegurarse confidencialidad. A partir de este momento los investigados preparaban dispositivos de vigilancia terrestre, marítima y aérea para asegurar la introducción de la droga, en las que participaban hasta 30 personas que se distribuían de forma coordinada en ambas orillas del río Piedras para dar cobertura y seguridad a las embarcaciones cargadas con la sustancia estupefaciente.

Una vez que el hachís era introducido en España se procedía a su distribución y venta. Para ello la organización recibía un código desde un teléfono de Marruecos, impreso también en los fardos de mercancía, el cual indicaba la cantidad pagada y su calidad, de este modo sabían qué partida de droga debía distribuir a cada uno de sus múltiples clientes. La última fase consistía en blanquear los ingresos a través de diferentes establecimientos hosteleros, lo que permitía a los miembros de la trama justificar la posesión de inmuebles, vehículos y medios aéreos.