Estas cuatro entidades defendieron este martes la importancia "clave" de la Carta Social Europea como "herramienta fundamental" de protección de la dignidad de los ciudadanos europeos en todo el territorio de la Unión y del Consejo de Europa, según indicaron en un comunicado.

En el texto enviado a la vicepresidenta, se indica que la Carta Revisada de 1996 y el Protocolo Adicional de Reclamaciones Colectivas ha permitido grandes progresos sociales en Europa y es un instrumento eficaz con el que cuenta la sociedad civil para impulsar la modernización y la participación política de los ciudadanos y, entre ellos, de los más débiles.

A juicio de las entidades firmantes, esta ratificación permitirá a España "dar un paso de gigante en la erradicación de la pobreza y la exclusión, y garantizar debidamente el acceso a los derechos sociales de los ciudadanos en situación de desventaja social".

Además, las organizaciones mostraron su preocupación por el hecho de que siga sin ratificarse la Carta Social Europea Revisada, ni su protocolo adicional, y que el Gobierno haya emitido reservas en varios artículos de la Carta en materias vitales para una población sometida "a una cruel desigualdad económica".

En este sentido, manifestaron que "el continente europeo, y particularmente la Unión Europea, se encuentran en un periodo donde se abren grandes interrogantes sobre la efectividad y la cercanía de sus instituciones a la sociedad".

Las cuatro entidades están convencidas de que la Carta Social está llamada a "protagonizar un papel clave en el pilar social de la Unión Europea y en el futuro reordenamiento jurídico de una Europa más próxima a sus sociedades".

De la misma manera, aseguraron que la ratificación plena de la Carta aportaría al actual Gobierno de España una "oportunidad indiscutible", tanto a nivel interno como en el conjunto de Europa, de ser promotor de la justicia social en un contexto convulso. En este sentido, recordaron que todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados aprobaron el 23 de noviembre, por unanimidad, una moción relativa a la ratificación de la Carta Social Europea revisada, así como del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995. La demanda remitida al Gobierno se produce en vísperas de la celebración, el próximo 10 de diciembre, del Día de los Derechos Humanos.