Esta fecha límite está establecida en la última reforma de la Ley de Parques Nacionales, que fija un plazo máximo de seis años a partir de su entrada en vigor para que estos espacios protegidos se adecuen a las prohibiciones recogidas en el propio texto. La norma tiene validez desde el 5 de diciembre de 2014.

No obstante, la Ley de Parques Nacionales, analizada por Servimedia, indica que las actividades prohibidas en estos espacios prohibidos no se ciñen exclusivamente a la caza deportiva y comercial, sino que también se incluyen la pesca deportiva y recreativa; la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Poco antes de la aprobación de la ley, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente destacó que promovería acuerdos voluntarios con los propietarios de fincas privadas en los parques nacionales para que no puedan cazar, pescar o talar, y calcularon que el coste de las indemnizaciones que la Administración tendría que desembolsar para que los dueños pierdan estos derechos podría superar los 300 millones de euros.

POLÉMICA PARLAMENTARIA

La Ley de Parques Nacionales fue aprobada el 20 de noviembre de 2014 con el único apoyo del PP y el rechazo de todos los grupos de la oposición, que criticaron que en fincas privadas de estos espacios protegidos puedan realizarse hasta 2020 actividades prohibidas recogidas en la propia norma, entre ellas la caza.

Inicialmente, el Gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley asegurando que el texto prohibía la caza, la pesca y la tala comercial en estos espacios protegidos, y que garantizaba su conservación con un nuevo modelo en el que el Estado coordina la red respetando la gestión de las comunidades autónomas, procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad e integra en la gestión a los habitantes de los parques nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones.

A su llegada al Senado, los ecologistas y los grupos de la oposición censuraron que el PP introdujera una enmienda que permitía ‘sine die’ las actividades prohibidas en los parques nacionales, como la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.

Una posterior enmienda de los populares limitaba estas actividades prohibidas a 2020, salvo que las administraciones públicas y los propietarios de fincas privadas de los parques nacionales lleguen a acuerdos voluntarios por los que aquéllas deben indemnizar a estos por no permitirles realizar esas actividades prohibidas.

En su vuelta al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, todos los portavoces de la oposición volvieron a manifestar su rechazo al texto, pero la enmienda del PP salió adelante.

15 PARQUES NACIONALES

Actualmente, España cuenta con 15 parques nacionales repartidos en 19 provincias de 12 comunidades autónomas, que ocupan una superficie de 384.504,09 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación. La última incorporación fue el de la Sierra de Guadarrama (33.960 hectáreas), entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

La red de parques nacionales la forman Teide, Picos de Europa, Timanfaya, Sierra Nevada, Garajonay, Ordesa y Monte Perdido, Caldera de Taburiente, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Monfragüe, Doñana, Islas Atlánticas de Galicia, Tablas de Daimiel, Cabañeros, Archipiélago de Cabrera y Sierra de Guadarrama.

El Organismo Autónomo Parques Nacionales trabaja para impulsar la declaración del primer parque nacional marino: el del Mar de las Calmas, en la isla de El Hierro (Canarias). Y, junto con el Gobierno autonómico, en un futuro tercer parque nacional en Andalucía, en la Sierra de las Nieves.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, anunció el pasado mes de noviembre en el Congreso de los Diputados que el Parque Natural Sierra de las Nieves, ubicado en Málaga, se convertirá en parque nacional en 2018 después de que sea así declarado por el Parlamento a partir de un proyecto de ley del Consejo de Ministros tras un trabajo conjunto con la Junta de Andalucía, los municipios de la zona y el preceptivo trámite de información pública para que cualquiera pueda realizar las alegaciones oportunas.