Según afirmó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de una medida "muy esperada" con la que se da respuesta a la situación de carácter coyuntural originada por la caída de demanda eléctrica y el descenso del uso del carbón autóctono para producción eléctrica.

El decreto introduce, así, un mecanismo técnico por el que se da preferencia al uso del carbón español en el mercado de generación eléctrica. Busca, de este modo, compensar a las empresas eléctricas por el coste adicional que soportan, debido a la obligación de servicio público de producir determinados volúmenes de electricidad a partir de carbón producido en España.

La norma aprobada este viernes entra en vigor de forma inmediata y hasta el año 2014.

Según informó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los yacimientos de carbón, como única fuente energética fósil disponible de España, cobran un gran valor estratégico, tanto a la hora de reducir la dependencia energética del exterior, como en su papel de garantes del suministro global.

El mecanismo propuesto cumple con el requisito comunitario de utilizar fuentes de combustión de energía primaria autóctonas sólo hasta el límite del 15% y, en cualquier caso, las cantidades garantizadas no superarán el 9% de la demanda total eléctrica.

Se trata, además, de un mecanismo de ajuste posterior al mercado diario, por lo que "no introduce distorsiones en la formación del precio de la energía", añadió. Además, según Industria este decreto minimiza el impacto medioambiental, ya que sustituye las plantas que más contaminan.

PRIEMRA VERSIÓN

El pasado mes de febrero, en su reunión del día 12 de aquel mes, el Consejo de Ministros ya aprobó una primera versión de este real decreto, cuya aplicación quedó suspendida a la espera de su autorización por Bruselas.

Una vez conocidas las reservas comunitarias al texto inicial, y con la finalidad de que la normativa fuera compatible con el Tratado de la Unión Europea, el Ministerio de Industria introdujo las modificaciones necesarias para su definitiva autorización por parte de la Comisión Europea, recibida esta semana.

La modificación consistió básicamente en suprimir de la versión anterior el anexo que establecía pagos a las centrales que fueran desplazadas por el mecanismo de restricciones por garantía de suministro. Así, se eliminaron del texto inicial las compensaciones a las empresas que se vieran perjudicadas por estos privilegios al carbón nacional, sobre todo las propietarias de ciclos combinadas.