Durante una comparecencia en la Comisión de Energía de la Cámara baja, el ministro destacó que, pese a la subida con respecto al año pasado, si se compara con 2015 se produce un descenso del 1,9%.

Además, esta subida de 76 euros en relación con el año pasado en el consumidor medio, con una potencia de 4,4 kilovatios y un consumo anual de 3.900 kilovatios hora, es inferior a los 100 euros estimados por el propio ministro en el mes de enero, cuando la luz se disparó cerca de un 30%.

Nadal defendió que la subida se ha producido porque ha sido “un año muy malo” desde el punto de vista meteorológico, a lo que se ha sumado una subida muy importante de los hidrocarburos. Por ello, mostró su esperanza de que “no se prolonguen demasiado las medidas de restricción de oferta” de los países productores.

Por otro lado, destacó que en los momentos en que se disparan los precios, pese a tener en general precios más altos que otros países europeos, “el sistema ibérico tiende a resistir bastante mejor las puntas de precios”.

CIERRE DE CENTRALES

En cuanto al decreto que prepara su departamento que afectará al cierre de centrales, el titular de Energía defendió que “no está regulado lo que ocurre cuando alguien quiere cerrar una central”.

“Hay que ver las que se tienen que cerrar”, apuntó Nadal, quien advirtió de que “está claro que sobra capacidad de generación en el país”. En este proceso, según apuntó, tendrá en cuenta tres objetivos simultáneos: la seguridad del suministro, cumplir los objetivos climáticos y hacerlo al mejor precio posible.

A este respecto, alertó de que puede haber interés de las eléctricas de retirar oferta del mercado que sea barata, como ocurre con el carbón, para que el mercado marque un precio más caro al utilizar, por ejemplo, ciclos combinados de gas. “Eso preocupa al Gobierno y eso es lo que queremos comprobar”, indicó el ministro, quien explicó que por ello el decreto establece que cuando se pida un cierre se plantee una subasta para ver si alguien la quiere comprar.

Paralelamente, según señaló, también se pedirá un informe a la Oficina de Cambio Climático para saber si el cierre de dicha central puede tener impacto en el cumplimiento de los objetivos medioambientales, que se sumará al estudio que elaborará también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, el decreto contempla que si se determina que la central es necesaria por cuestiones medioambientales o de seguridad de suministro y si nadie la quiere comprar, se puedan fijar ayudas, que deberán recibir el visto bueno de la comisión europea y de la CNMC. “El cierre de las plantas no es una mera decisión empresarial y tiene que tener controles públicos del Gobierno, la CNMC y la Oficina de Cambio Climático”, concluyó.

Nadal explicó también la situación de los pagos por interrupibilidad a las industrias electrointensivas, un mecanismo que ha sido cuestionado por la Comisión Europea. Indicó que España sigue estudiando la manera de buscar otro tipo de apoyos a estas empresas que sea aceptado por Bruselas, en la línea de lo que hacen otros países europeos.

Por último, en relación con la regasificadora de Granadilla (Tenerife) explicó que su departamento está modificando el proyecto para que cumpla los requerimientos de la CNMC y en relación con la planta de uranio de Retortillo (Salamanca), rechazó expresar su opinión porque todavía está pendiente de la autorización del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).