Sánchez Corbí se refirió a esta cuestión en la comisión de la Cámara Baja que analiza si el PP se financió ilegalmente al hilo de distintas tramas de corrupción, como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Púnica’.

En este sentido, el responsable de la UCO explicó a los diputados que no podía responder a la mayoría de las preguntas que le hicieron al tratarse de sumarios judiciales abiertos y estar a las órdenes de lo que decidan los magistrados.

Por este motivo, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó planteó al presidente de la comisión, Pedro Quevedo, que se estudiase que el coronel Sánchez Corbí compareciese a puerta cerrada, algo que los diputados se comprometieron a analizar.

QUEJAS DE LOS PARTIDOS

El planteamiento de Sánchez Corbí provocó malestar en los diputados de la oposición, como el diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes y el del PSOE Artemi Rallo, quienes aludieron a que miembros de la UDEF de la Policía Nacional sí respondieron a las preguntas de las fuerzas políticas.

Por su parte, el director de la UCO dijo que está sujeto a lo que decidan al respecto los jueces, que son los que deberían autorizarle que explicase en qué medida hay datos de presunta financiación ilegal en los sumarios de corrupción que afectan al PP, a alguno de sus miembros o a proveedores que trabajaban con esta fuerza política.

En todo caso, Sánchez Corbí sí respondió a algunas cuestiones. Así, dijo no recordar que la UCO tenga abierta “ninguna investigación” en la que haya “ayudas europeas de por medio” referidas a la eventual financiación irregular del PP.

Sobre este asunto le preguntó el diputado de EH-Bildu Oskar Matute, que se interesó por las informaciones periodísticas que señalan que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha pedido información a la Audiencia Nacional sobre pesquisas del ‘caso Púnica’ referidas a adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos.

“INDICIOS” DE FINANCIACIÓN ILEGAL

En concreto, la OLAF quiere averiguar el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) habría hecho en 2006 a Over Marketing, una empresa investigada por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Al mismo tiempo, el jefe de la UCO dijo que “no siempre” en las investigaciones de corrupción que afectan a partidos hay conexiones con la financiación ilegal de los mismos. Apuntó que, en el caso del PP, “aparecen indicios” de ello en algunas causas por corrupción, pero que ahora será la instrucción la que determine el alcance de los mismos.

Sánchez Corbí dijo que, en los informes de su unidad, no se ve una “dinámica general” de que en los casos de corrupción vinculados a partidos haya siembre financiación ilegal. Sostuvo que lo que suele ocurrir es que “cuando mezclamos corrupción con política, un dinero va para un sitio y otro va para otro sitio”, pero sin que haya “patrones”. “Hay tantas derivadas como personas están siendo investigadas”, apuntó.