La realidad es que son los familiares, fundamentalmente las mujeres, los que afrontan el cuidado de las personas dependientes, muchos de ellos dedicando a esta tarea más de 40 horas a la semana, es decir, una jornada completa.

Estos son algunos de los datos que hoy presentaron en rueda de prensa José Luis Sánchez, secretario de Política Institucional de CCOO, y Héctor Maravall, adjunto a dicha secretaría, y que forman parte del documento que ha elaborado el sindicto para apoyar su propuesta de incluir en la Seguridad Social la atención a las personas con dependencia.

En la actualidad, de 1.166.000 personas mayores de 65 años con dependencia grave y muy grave los servicios sociales sólo cubren al 54%. Asimismo, por lo que se refiere a personas menores de 65 años con minusvalía, la cobertura apenas alcanza al 14%. En este sentido, la propuesta de CCOO establece la necesidad de incrementar el número de plazas y de reforzar los programas de ayuda.

En concreto propone aumentar en 32.000 las plazas residenciales y adaptar otras 54.000; crear cerca de 50.000 plazas concertadas, unas 150.000 de ayuda a domicilio, aumentar en más de 71.000 los usuarios de teleasistencia y poner en marcha cerca de 13.000 programas alternativos que incluyen estancias temporales, viviendas tuteladas y compartidas o acogimientos familiares, entre otros.

Con estas medidas, el sindicato asegura que cerca de 425.000 personas nuevas serán atendidas por los servicios sociales en el año2008, con lo que se cubriría al 95% de las personas dependientes graves o muy graves.

233.000 MILLONES

Por lo que respecta a la financiación, el documento elaborado por el sindicato cifra en 151.000 millones de pesetas los costes de inversión para el ámbito público y en 233.000 millones los costes de funcionamiento al año a partir de 2008.

Además, en el ámbito privado exigiría un coste de 160.000 millones de pesetas en inversión y para los usuarios de 125.000 millones de pesetas.

Según expicó Maravall, se trata de un gasto compartido, es decir, de los 233.000 millones públicos, 102.000 millones serían asumidos por la Seguridad Social, 101.000 por las comunidades autónomas y 29.833 por las corporaciones locales.

El total del gasto supondría un 0,18% del PIB español del año 2008 y además se crearían 104.000 puestos de trabajo directo, aseguran los promotores del proyecto. Por todo ello, consideran que su propuesta es razonable, sensata, solvente, compartida con las comunidades y las corpraciones locales y perfectamente asumible.