Según la organización ecologista, el Gobierno no ha esperado a que el CSN emita su decisión sobre la renovación o no del permiso de explotación de Zorita, lo que es "erróneo" desde el punto de vista administrativo, ya que debe ser primero el CSN el que se pronuncie.

A juicio de Greenpeace, la decisión del Gobierno ha evidenciado que el Consejo de Seguridad Nuclear "es ya un mero apéndice totalmente depeniente del Gobierno y del Partido Popular".

Por otra parte, denuncian que el Ejecutivo central se ha plegado a las condiciones de Unión Fenosa, dueña de la central nuclear, y que por tanto ha antepuesto los intereses económicos de la eléctrica por encima del interés general.

Finalmente, aseguran que es "absurdo" exigir a Unión Fenosa que, dentro de tres años, acometa importantes inversiones en materia de seguridad y que no se le exijan en este mismo momento, teniendo en cuenta que la central "funcona de forma muy negativa".