El proyecto, que será enviado a las Cortes, incluye esa prohibición con el fin de evitar la especulación en las áreas afectadas por incendios forestales.

En esta modificación, se han incorporado sugerencias de los sectores implicados en la gestión y conservación de los montes como son las administraciones, los ecologistas, las asociaciones forestales y los agentes sociales.

Con esta prohibición desaparece la posibilidad del cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizable, ya que en muchas ocasiones se ha tratado de justificar en la pérdida de valor de dichos terrenos, al carecer de vegetación arbórea como consecuencia del desastre ecológico ocasionado por el incendio.

La propuesta del Gobierno es la de prohibir el cambio de uso forestal de los terrenos forestales incendiados durante, al menos, treinta años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que determine la legislación autonómica. Este plazo de tiempo permitirá la restauración forestal y evitará expectativas de recalificación futura de suelos no urbanizables, en particular la de los terrenos forestales.

La Ley de Montes que está vigente en la actualidad tenía como objetivo actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución.

Además, en esta medida contempla la creación de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente y la creación del Fondo para el patrimonio natural destinado a la financiación de la gestión sostenible de los montes.

Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros "el fiscal general del Estado nombrará, tras escuchar al Consejo Fiscal, como delegado, un fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales". Con este nuevo fiscal, el Gobierno quiere actuar con precisión, rigor y contundencia ante cualquier delito ambiental.